viernes, 22 de mayo de 2009

Duras críticas del secretario Antidrogas de la Nación por un fallo de la Justicia local

http://www.lacapitalmdp.com/noticias/Policiales/2009/05/22/109881.htm


Duras críticas formuló ayer el secretario Antidrogas de la Nación contra un fallo de la Justicia marplatense que anuló 23 allanamientos y liberó a cinco acusados de narcotráfico, porque los operativos fueron hechos en horario nocturno.

El secretario Antidrogas de la Nación, José Ramón Granero, lanzó ayer acaloradas críticas contra el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Roberto Falcone, por un fallo que dejó libres a varios acusados por narcotráfico debido a que los allanamientos para detenerlos se hicieron durante la noche.

El funcionario del Gobierno nacional calificó la decisión del magistrado, que preside ese jurado, de "exceso de garantismo", y advirtió que "no extraña" esa decisión ya que "al juzgado de Falcone le faltaron 100 kilos de cocaína" que fueron decomisados en operativos y que estaban bajo su custodia en "una bóveda del Tribunal Oral de Mar del Plata".
La reacción del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) se produjo luego de que el juez federal defendiera su decisión de anular una causa y dejar en libertad al menos a cuatro personas acusadas de narcotráfico, con argumentos que generaron fuerte polémica.

El fallo
Falcone, en una sentencia que también firmaron los jueces del tribunal Néstor Parra y Mario Portela, liberó a los presuntos narcotraficantes porque el juez de primera instancia Alejandro Castellanos no especificó en las órdenes de allanamientos la excepcionalidad de que los operativos se hicieran de noche, ya que el Código de Procedimiento Procesal Penal de la Provincia obliga a que se hagan en horario diurno, salvo pedido especial.

El fallo –publicado por LA CAPITAL el 11 de mayo– anuló 23 allanamientos por narcotráfico que fueron realizados el 14 de marzo de 2008 en viviendas de Mar del Plata, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tres de Febrero.

Durante esos operativos, fuerzas de la Policía Federal habían detenido a cinco personas implicadas en una red de distribución y venta de drogas, al tiempo que incautaron entre 700 y 800 gramos de cocaína.
Tras el fallo del Tribunal, los implicados quedaron en libertad y exentos de toda imputación, ya que la nulidad de los allanamientos –pieza clave e inicial de la causa– significa también la anulación de las siguientes piezas procesales.

La ley establece que los allanamientos domiciliarios no pueden realizarse "entre las siete de la noche y las siete de la mañana", salvo excepciones que deben ser fundamentadas por el juez que ordena los procedimientos. En este caso, el juez de primera instancia ordenó allanar 23 viviendas a partir de las "0 hora del 14 de marzo de 2008", pero no especificó los motivos, según surge del fallo del Tribunal Oral Federal.

Antes que el Tribunal se expidiera, el propio fiscal general ante el Tribunal, doctor Juan Manuel Pettigiani, había pedido el sobreseimiento de los detenidos al entender que los allanamientos eran nulos.

El dictamen del fiscal y el posterior fallo del Tribunal respondieron a una presentación efectuada por el abogado Sergio Meneghello –defensor de uno de los imputados– quien pidió la nulidad de los procedimientos.

La palabra de Falcone
En varias entrevistas televisivas y radiales, el juez de Mar del Plata defendió la decisión, debido a que la prohibición de hacer allanamientos de noche "es una garantía constitucional", frente a lo que –argumentó– ocurría en "el proceso militar".

Falcone ratificó que la realización de allanamientos durante la noche era "una práctica de la dictadura militar" y recordó que la obligatoriedad de la realización diurna de esos operativos fue establecida en realidad para "proteger el santuario del hogar y la intimidad familiar".

El titular del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata tiene una activa participación en un comité de especialistas que convocó el Ministerio de Justicia de la Nación para modificar la actual "Ley de Drogas" y tuvo participación en varios seminarios, donde abogó por una reforma que elimine la penalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.

Tras la defensa que hizo Falcone del fallo, Granero salió al cruce y advirtió: "Parece que estuviera todo trastocado desde el punto de vista judicial. Defendemos los derechos y garantías de personas que tienen drogas en sus domicilios y que sirven para dañar. Se trafica con la muerte, este juez no defiende la vida ni la salud".

"El mensaje que le están pasando estos jueces a la sociedad es nefasto", señaló el titular de la Sedronar y consignó: "Esto es joda. Estoy muy caliente".

La droga sustraída
Los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata habían sido investigados en el Consejo de la Magistratura por un faltante de droga, pero la denuncia fue desestimada al considerar que los magistrados no tuvieron responsabilidad.

La titular de la Comisión de Acusación del Consejo, Diana Conti, explicó ayer que ante la desaparición de estupefacientes de una bóveda ubicada en el subsuelo del tribunal se abrió una investigación por una denuncia presentada por los propios jueces: Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela.

De acuerdo con una resolución de febrero de 2007, los magistrados denunciaron en 2005 la desaparición de unos 42 kilos de marihuana; 5 de cocaína y 236 pastillas de éxtasis y que el secretario había fijado fecha de incineración de esa droga, presuntamente para ocultar el faltante.
En octubre de 2006, los jueces declararon ante el Consejo, negaron cualquier responsabilidad en el hecho y atribuyeron la difusión masiva del caso a "una campaña de desprestigio por la intervención del tribunal en los llamados 'juicios por la verdad'".

Tras analizar las declaraciones de los magistrados, el Consejo entendió que la responsabilidad era del secretario, por entonces Facundo Capparelli, por ser el "depositario" de la droga o cualquier otro elemento que se secuestre.

Los consejeros recordaron que la ley 1893 -que tiene 120 años de vigencia- establece que "es obligación de los secretarios la custodia de expedientes y documentos, determinando su responsabilidad funcional en caso de deterioro, pérdida, mutilación o alteración de los mismos".
"Dentro de la organización judicial es indudable que los secretarios son jefes de la oficina, detentando la custodia de los expedientes y en el fuero penal también de los efectos secuestrados", agregaron.

Ese secretario aún no fue juzgado, pero un "dealer", un intermediario y un policía fueron sometidos a juicio oral el año pasado y recibieron condenas de hasta 6 años de prisión por la tenencia y la comercialización de la droga.

En tanto, una ex secretaria del tribunal fue absuelta, ya que el tribunal reconoció que no pudo probar quién robó la droga y ordenó seguir con la investigación.

La causa se inició cuando un narco que se amparó en la figura del "arrepentido" contó que las drogas que le habían secuestrado en su casa, en el marco de un allanamiento, las obtenía del Tribunal Federal.
Aseguró que quien se las entregaba era el agente de la Policía Federal Walter Galván, encargado de la custodia del edificio durante las noches y quien tenía llaves y libre acceso a la bóveda.

El tribunal también tiene otro antecedente: en 1997, de la misma bóveda faltaron un reloj Rolex y 40.000 dólares secuestrados en operativos, pero los jueces tampoco fueron responsabilizados.

Y a partir de la misma causa abierta por el faltante de drogas, se descubrió que también habían desaparecido de la bóveda 400 dólares pagados como rescate en el secuestro de un chico, pero ese caso también fue desestimado por el Consejo de la Magistratura.

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