Nota Miscelaneas:
No es mala la idea, lástima los cantos al retirarse ¿será más de lo mismo?
¡¡¡Esto da que pensar!!!
http://www.0223.com.ar/detalleNoticia.php?idNoticia=17455
Por iniciativa del Foro Abierto en Defensa de los Derechos de la Niñez y Juventud, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon este martes votó en forma unánime en la última sesión ordinaria del corriente año el repudio al proyecto de ley impulsado por el ejecutivo Provincial de bajar la edad de imputabilidad de los menores.
En el uso de la palabra varios concejales utilizaron la consigna del foro: "Los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro".
Por su parte, el dirigente de Jóvenes de Pie, Carlos Caro, dijo que "le decimos a los concejales que tienen que acompañar y fomentar la implementación de las propuestas surgidas de la Jornada Pública hechas por las organizaciones que integran el foro. Poner en marcha el Consejo Local de Niñez y Juventud, tal lo explicita la ley provincial vigente. También la creación de una mesa compuesta por organizaciones juveniles y la dirección de Juventud. La implementación de asignación familiar por hijo para trabajadores subocupados y desocupados en General Pueyrredon, entre otras".
Y finalizó: "Este es el camino a recorrer para que los jóvenes en estado de vulnerabilidad sigan organizándose y participando para construir una Argentina que nos incluya a todos y a todas".
Los jóvenes se retiraron del recinto con su color y alegría. Entre las escaleras se alcanzaba a escuchar "Somos de la gloriosa juventud argentina, la que hizo el cordobazo, la que peleó en Malvinas…".
martes, 30 de diciembre de 2008
Despenalización: Scioli advirtió que el Conurbano “no es Holanda”
http://www.notibonaerense.com/notas.aspx?idn=40279&ffo=20081230
No obstante, el gobernador bonaerense dijo que no hay que “criminalizar” al adicto “porque es un enfermo”. En ese marco, pidió estar “muy atentos” sobre el fallo de la Corte Suprema que se espera para febrero
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, consideró anoche que “la droga es causa y consecuencia de la inseguridad” en la Provincia. Al mismo tiempo, sobre la despenalización del consumo, dijo que no hay “criminalizar” al adicto “porque es un enfermo”. No obstante, llamó a no construir “falsos paraísos” porque el Conurbano “no es Holanda ni la Unión Europea”.
Además, el mandatario defendió el proyecto que impulsa para captar inversiones: "Repatriación de capitales no es igual a lavado, es repatriar capitales que por una razón u otra se fueron al exterior, por más rentabilidad, por más seguridad, por más confianza”.
Sobre el la relación de la delincuencia con la droga, Scioli puso como ejemplo “la ferocidad de algunos ataques a jubilados”. Asimismo, manifestó que la droga es su “enemigo” porque “mata, es la contracara de la vida, genera dependencia y “destruye familias”.
En tanto, pidió estar “muy atentos” para “ver de qué manera” la Corte Suprema se define sobre la tenencia para consumo personal, resolución que saldría en febrero. “El Conurbano tiene problemas serios muchas veces de proliferación de droga a partir de falsos expectativas que se han construido los jóvenes”, señaló.
Por último, reiteró que no tiene responsabilidad sobre la instalación de los bingos en la Provincia porque “estaba corriendo en lancha cuando empezaron a instalarse”. No obstante, adelantó que buscará consensos para regular la actividad de cara al futuro y que impulsará ese debate en el Parlamento.
No obstante, el gobernador bonaerense dijo que no hay que “criminalizar” al adicto “porque es un enfermo”. En ese marco, pidió estar “muy atentos” sobre el fallo de la Corte Suprema que se espera para febrero
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, consideró anoche que “la droga es causa y consecuencia de la inseguridad” en la Provincia. Al mismo tiempo, sobre la despenalización del consumo, dijo que no hay “criminalizar” al adicto “porque es un enfermo”. No obstante, llamó a no construir “falsos paraísos” porque el Conurbano “no es Holanda ni la Unión Europea”.
Además, el mandatario defendió el proyecto que impulsa para captar inversiones: "Repatriación de capitales no es igual a lavado, es repatriar capitales que por una razón u otra se fueron al exterior, por más rentabilidad, por más seguridad, por más confianza”.
Sobre el la relación de la delincuencia con la droga, Scioli puso como ejemplo “la ferocidad de algunos ataques a jubilados”. Asimismo, manifestó que la droga es su “enemigo” porque “mata, es la contracara de la vida, genera dependencia y “destruye familias”.
En tanto, pidió estar “muy atentos” para “ver de qué manera” la Corte Suprema se define sobre la tenencia para consumo personal, resolución que saldría en febrero. “El Conurbano tiene problemas serios muchas veces de proliferación de droga a partir de falsos expectativas que se han construido los jóvenes”, señaló.
Por último, reiteró que no tiene responsabilidad sobre la instalación de los bingos en la Provincia porque “estaba corriendo en lancha cuando empezaron a instalarse”. No obstante, adelantó que buscará consensos para regular la actividad de cara al futuro y que impulsará ese debate en el Parlamento.
El Congreso espera el proyecto del Gobierno para despenalizar el consumo de drogas
http://www.parlamentario.com/noticia-19585.html
Febrero sería el mes indicado para poner punto final a un debate de larga data: la despenalización de la droga. El Gobierno Nacional está elaborando un proyecto con la tendencia de “no criminalizar al adicto”. La Corte Suprema se expedirá también en ese mes.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, confirmó que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas, de modo de "no criminalizar al adicto", justo cuando la Corte Suprema de Justicia está cerca de pronunciarse sobre el tema.
Fernández sostuvo que, paralelamente a la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, se requiere implementar "una política despiadada contra el narcotráfico", así como otra "de prevención".
El ministro planteó que la Corte no fallará a favor de la despenalización de la tenencia de droga para el consumo, sino que debe dictar "la inconstitucionalidad del castigo penal a un solo privado" procesado por utilizar narcóticos.
Por ello, el funcionario pidió no usar el término "despenalización", al considerar que "da para cualquier cosa y se dicen tantas estupideces sobre ella que es mejor evitarla" ante la falta de distinción de la ciudadanía de la legalización de la tenencia para consumo personal -que no será punible- del tráfico de drogas, que sí lo será.
Asimismo, el ministro reiteró que el Gobierno tiene la intención de "no criminalizar al adicto", para lo cual elabora un proyecto de ley al respecto, que de concretarse deberá tratarse en el Congreso de la Nación, donde ya existen varias iniciativas relacionadas al consumo de estupefacientes. Lo más probable es que se trate en extraordinarias, aunque algunos legisladores ya pidieron más tiempo para analizar la situación.
Al respecto, el ministro sostuvo que la Ley de Drogas de 1989, que castiga penalmente tanto la venta como el consumo, "es una norma represiva, con resultados de fracaso" especialmente en materia de salud.
"Estamos trabajando para confluir en un proyecto que ya hemos explicado en Viena", donde este año se desarrolló la 51 sesión extraordinaria del Consejo Económico y Social de la ONU, precisó el ministro.
Fernández fue el encargado de impulsar desde el Ejecutivo el tema de la legalización del consumo, luego de recibir el visto bueno de la presidenta Cristina Kirchner, a pesar de algunos cuestionamientos del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero.
Además, desde distintos sectores del arco político y social se produjeron fuertes críticas al proyecto de despenalización de Fernández, tanto por la posibilidad de que se produzca un aumento en el número de adictos como por la falta de campañas preventivas simultáneas para frenar el ingreso de los adolescentes a las drogas.
Febrero sería el mes indicado para poner punto final a un debate de larga data: la despenalización de la droga. El Gobierno Nacional está elaborando un proyecto con la tendencia de “no criminalizar al adicto”. La Corte Suprema se expedirá también en ese mes.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, confirmó que el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas, de modo de "no criminalizar al adicto", justo cuando la Corte Suprema de Justicia está cerca de pronunciarse sobre el tema.
Fernández sostuvo que, paralelamente a la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, se requiere implementar "una política despiadada contra el narcotráfico", así como otra "de prevención".
El ministro planteó que la Corte no fallará a favor de la despenalización de la tenencia de droga para el consumo, sino que debe dictar "la inconstitucionalidad del castigo penal a un solo privado" procesado por utilizar narcóticos.
Por ello, el funcionario pidió no usar el término "despenalización", al considerar que "da para cualquier cosa y se dicen tantas estupideces sobre ella que es mejor evitarla" ante la falta de distinción de la ciudadanía de la legalización de la tenencia para consumo personal -que no será punible- del tráfico de drogas, que sí lo será.
Asimismo, el ministro reiteró que el Gobierno tiene la intención de "no criminalizar al adicto", para lo cual elabora un proyecto de ley al respecto, que de concretarse deberá tratarse en el Congreso de la Nación, donde ya existen varias iniciativas relacionadas al consumo de estupefacientes. Lo más probable es que se trate en extraordinarias, aunque algunos legisladores ya pidieron más tiempo para analizar la situación.
Al respecto, el ministro sostuvo que la Ley de Drogas de 1989, que castiga penalmente tanto la venta como el consumo, "es una norma represiva, con resultados de fracaso" especialmente en materia de salud.
"Estamos trabajando para confluir en un proyecto que ya hemos explicado en Viena", donde este año se desarrolló la 51 sesión extraordinaria del Consejo Económico y Social de la ONU, precisó el ministro.
Fernández fue el encargado de impulsar desde el Ejecutivo el tema de la legalización del consumo, luego de recibir el visto bueno de la presidenta Cristina Kirchner, a pesar de algunos cuestionamientos del titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Ramón Granero.
Además, desde distintos sectores del arco político y social se produjeron fuertes críticas al proyecto de despenalización de Fernández, tanto por la posibilidad de que se produzca un aumento en el número de adictos como por la falta de campañas preventivas simultáneas para frenar el ingreso de los adolescentes a las drogas.
La Corte dejó para febrero la resolución sobre la despenalización
http://www.parlamentario.com/noticia-19586.html
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia resolvieron postergar al menos hasta febrero próximo su aval a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, al advertir que se trata de un tema "difícil" que requiere de un amplio debate social
Antes de participar de la última audiencia del año, el juez Carlos Fayt sostuvo que "hay que esperar hasta febrero" de 2009, tras la feria judicial, cuando "seguramente" se conozca el fallo del máximo tribunal sobre la legalización de tenencia de drogas para privados.Se trata de un tema sensible y de fuerte impacto político, por lo que si bien la Corte cuenta con mayoría para impulsar la iniciativa buscará alcanzar un fallo unánime de sus siete jueces con el debate ya instalado en el terreno social, según pudo saberse."No estaba programado que salga este lunes porque es una causa muy importante. Es bueno que la sociedad discuta en los medios, en los distintos foros este tema porque es un tema difícil", sostuvo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Explicó, además, que "la causa esta siendo estudiada, pero no esta previsto que salga ahora" teniendo en cuenta que "hay que medirla muy bien" de acuerdo a "la opinión del tribunal en su actual composición"."Nosotros no podemos anticipar las sentencias. Los jueces están estudiando la causa y cada uno tiene su opinión. Lo que la Corte tiene que decidir es, si en un caso en particular, se declara inconstitucionalidad la ley que penaliza el consumo de drogas para uso personal", explicó el juez en declaraciones televisivas.
Se refirió así a que, puntualmente, el máximo tribunal debe dictar sentencia en la causa Villacampa, en la que dos hombres fueron condenados por llevar un cigarrillo de marihuana cada uno y que apearon hasta llegar al máximo tribunal.La decisión de la Corte coincidiría con la posición del Gobierno sobre el tema: reemplazar la sanción penal por la asistencia médica y optimizar los recursos de la justicia para investigar y condenar a los vendedores de estupefacientes.
Por otra parte, Lorenzetti negó que la sentencia de la Corte esté de alguna manera supeditada a la política del Gobierno en la materia, que este lunes a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, informó que está trabajando en un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas que incluiría "una política despiadada contra el narcotráfico", así como otra "de prevención"."Son poderes diferentes. El Poder Ejecutivo tiene una política sobre el tratamiento de la drogadicción, y aún habiendo sanción penal (para el consumo) puede plantear la necesidad de que haya asistencia pública", distinguió Lorenzetti.
A diferencia de Fayt, el presidente de la Corte fue más prudente al momento de hablar de plazos para la sentencia y sostuvo que "siempre es difícil en fijar una fecha en estas causas" dada la importancia que tienen "para la Corte y para la sociedad".
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia resolvieron postergar al menos hasta febrero próximo su aval a la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal, al advertir que se trata de un tema "difícil" que requiere de un amplio debate social
Antes de participar de la última audiencia del año, el juez Carlos Fayt sostuvo que "hay que esperar hasta febrero" de 2009, tras la feria judicial, cuando "seguramente" se conozca el fallo del máximo tribunal sobre la legalización de tenencia de drogas para privados.Se trata de un tema sensible y de fuerte impacto político, por lo que si bien la Corte cuenta con mayoría para impulsar la iniciativa buscará alcanzar un fallo unánime de sus siete jueces con el debate ya instalado en el terreno social, según pudo saberse."No estaba programado que salga este lunes porque es una causa muy importante. Es bueno que la sociedad discuta en los medios, en los distintos foros este tema porque es un tema difícil", sostuvo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti.
Explicó, además, que "la causa esta siendo estudiada, pero no esta previsto que salga ahora" teniendo en cuenta que "hay que medirla muy bien" de acuerdo a "la opinión del tribunal en su actual composición"."Nosotros no podemos anticipar las sentencias. Los jueces están estudiando la causa y cada uno tiene su opinión. Lo que la Corte tiene que decidir es, si en un caso en particular, se declara inconstitucionalidad la ley que penaliza el consumo de drogas para uso personal", explicó el juez en declaraciones televisivas.
Se refirió así a que, puntualmente, el máximo tribunal debe dictar sentencia en la causa Villacampa, en la que dos hombres fueron condenados por llevar un cigarrillo de marihuana cada uno y que apearon hasta llegar al máximo tribunal.La decisión de la Corte coincidiría con la posición del Gobierno sobre el tema: reemplazar la sanción penal por la asistencia médica y optimizar los recursos de la justicia para investigar y condenar a los vendedores de estupefacientes.
Por otra parte, Lorenzetti negó que la sentencia de la Corte esté de alguna manera supeditada a la política del Gobierno en la materia, que este lunes a través del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, informó que está trabajando en un proyecto de ley para despenalizar el consumo de drogas que incluiría "una política despiadada contra el narcotráfico", así como otra "de prevención"."Son poderes diferentes. El Poder Ejecutivo tiene una política sobre el tratamiento de la drogadicción, y aún habiendo sanción penal (para el consumo) puede plantear la necesidad de que haya asistencia pública", distinguió Lorenzetti.
A diferencia de Fayt, el presidente de la Corte fue más prudente al momento de hablar de plazos para la sentencia y sostuvo que "siempre es difícil en fijar una fecha en estas causas" dada la importancia que tienen "para la Corte y para la sociedad".
domingo, 28 de diciembre de 2008
Un viejo articulo sobre drogas publicado en Clarín, aún hoy discutido
http://www.clarin.com/diario/2005/10/13/policiales/g-06201.htm
Ricardo V. Canaletti.
Supongamos que la Policía detiene a un muchacho en la calle y le encuentra un cigarrillo de marihuana que pensaba fumar en su casa. Supongamos, además, que el año es 1966, comienzos del régimen de facto del general Juan Carlos Onganía. Pues bien, ese muchacho no comete delito porque tal tipo de consumición no está penalizada. Mucho tuvo que ver con eso uno de los más destacados abogados argentinos, Sebastián Soler, asesor jurídico de Onganía. Para Soler aquello era una cuestión estrictamente privada.Imaginemos ahora que ya pasaron algunos años de la década del 70. Si alguien tiene un "porro" encima es un delincuente porque así lo dice el artículo 6º de la ley 20.771, ley sancionada en 1974 por impulso del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega. El ministro sostenía que el consumo privado era cuestión de seguridad nacional que lesionaba la moral pública. En este recorrido por el tiempo paremos ahora en 1986.
Si el portador del "porro" es descubierto después del 29 de agosto, la mayoría de los jueces lo trataría con indulgencia y no porque ya había salido de escena López Rega. La razón es un fallo de esa fecha de la Corte en el caso de Gustavo Mario Bazterrica.
La mayoría de sus integrantes afirmó que consumir drogas es una cuestión privada (como pensaba Soler) ajena a la autoridad.En 1986 la Corte estaba compuesta por cinco jueces. Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Jorge Bacqué, opinaron de esa manera, y Carlos Fayt y José Severo Caballero estuvieron en desacuerdo. De ellos, Petracchi y Fayt continúan en el Tribunal.
La Corte declaró que el artículo 6º de aquella ley 20.771 iba contra la Constitución. Es decir que no se podía aplicar al caso Bazterrica. Pero la ley, toda, siguió vigente. El Poder Judicial no puede hacer caer una ley, sí una sentencia. Además, los fallos de la Corte no son obligatorios para todos los tribunales inferiores. Si alguno quiere seguir su criterio, bien.Los miembros de la Corte no son eternos.
Por razones políticas o de otra naturaleza, se van y los que vienen no tienen por qué pensar como los anteriores. En 1991, con nuevos integrantes y más jueces (pasó de cinco a nueve), la Corte entendió que era perfectamente constitucional procesar al adicto.
Y así están las cosas hoy día. A la Corte actual aún no llegó ningún caso que permite conocer su opinión. !Qué lio estos cambios! Está bien que los jueces piensen distinto. Nadie quiere autómatas. ¡
Pero, caramba, estamos hablando de la libertad de las personas, de la vida privada!
Además, el sistema de represión no es un experimento de laboratorio. La gente va presa de verdad, en cárceles de verdad, con guardias de verdad, algunos de los cuales venden droga de verdad.El polémico artículo 6º de la ley 20.771 fue reemplazado en 1989 por el artículo 14º de la ley 23.737, que siguió castigando el consumo personal. La pena es de un mes a dos años.
Y puede no imponerse si el acusado se somete a un proceso de desintoxicación y éste da resultado.El que es adicto a las drogas tiene un grave problema de salud, según la opinión médica. Como el fumador o el alcohólico, por ejemplo. ¿Por qué castigarlo? El tráfico de drogas no se ha detenido, por el contrario, con el arresto de adictos ni éstos han demostrado ser potenciales traficantes.
En fin, no habría que cerrarle al enfermo el acceso al sistema de salud. No guardias. Médicos.
La pregunta central de toda esta discusión es si consumir narcóticos en un ámbito privado afecta o no la moral y la seguridad ajena.El artículo 19 de la Constitución dice: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
De la sola lectura no surge la razón por la cual haya que perseguir al adicto. Si la ley lo hace igual se pensaría que no busca castigar una acción ilegal sino una personalidad que no gusta.Lo que se desprendería de la Constitución, entonces, es que el Estado no tiene derecho a imponer ideales de vida a nadie. Su mejor aporte sería dar más libertad para que la gente decida su plan de vida y, obviamente, se atengan a las consecuencias que su elección pueda tener para su salud, por ejemplo.La voluntad de usar drogas es una acción privada porque es un acto que sólo incumbe a la moral de quien consume.
Por eso hay que distinguir la ética privada, reservadas por la Constitución al juicio de Dios, de la ética colectiva, en la que se protegen bienes e intereses de los demás. O sea, son acciones privadas las que no interfieren con las acciones legítimas de otros, que no dañen a otros o que no lesionen sentimientos compartidos por la comunidad.Las leyes 20.771 y la 23.737 parecen confundir las cosas. El Congreso determinó en ellas qué es lo sano y decente para todos, en la calle y en la casa. Casi abre la puerta para que al Estado vigile desde el living, como un Gran Hermano.
Ricardo V. Canaletti.
Supongamos que la Policía detiene a un muchacho en la calle y le encuentra un cigarrillo de marihuana que pensaba fumar en su casa. Supongamos, además, que el año es 1966, comienzos del régimen de facto del general Juan Carlos Onganía. Pues bien, ese muchacho no comete delito porque tal tipo de consumición no está penalizada. Mucho tuvo que ver con eso uno de los más destacados abogados argentinos, Sebastián Soler, asesor jurídico de Onganía. Para Soler aquello era una cuestión estrictamente privada.Imaginemos ahora que ya pasaron algunos años de la década del 70. Si alguien tiene un "porro" encima es un delincuente porque así lo dice el artículo 6º de la ley 20.771, ley sancionada en 1974 por impulso del entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega. El ministro sostenía que el consumo privado era cuestión de seguridad nacional que lesionaba la moral pública. En este recorrido por el tiempo paremos ahora en 1986.
Si el portador del "porro" es descubierto después del 29 de agosto, la mayoría de los jueces lo trataría con indulgencia y no porque ya había salido de escena López Rega. La razón es un fallo de esa fecha de la Corte en el caso de Gustavo Mario Bazterrica.
La mayoría de sus integrantes afirmó que consumir drogas es una cuestión privada (como pensaba Soler) ajena a la autoridad.En 1986 la Corte estaba compuesta por cinco jueces. Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Jorge Bacqué, opinaron de esa manera, y Carlos Fayt y José Severo Caballero estuvieron en desacuerdo. De ellos, Petracchi y Fayt continúan en el Tribunal.
La Corte declaró que el artículo 6º de aquella ley 20.771 iba contra la Constitución. Es decir que no se podía aplicar al caso Bazterrica. Pero la ley, toda, siguió vigente. El Poder Judicial no puede hacer caer una ley, sí una sentencia. Además, los fallos de la Corte no son obligatorios para todos los tribunales inferiores. Si alguno quiere seguir su criterio, bien.Los miembros de la Corte no son eternos.
Por razones políticas o de otra naturaleza, se van y los que vienen no tienen por qué pensar como los anteriores. En 1991, con nuevos integrantes y más jueces (pasó de cinco a nueve), la Corte entendió que era perfectamente constitucional procesar al adicto.
Y así están las cosas hoy día. A la Corte actual aún no llegó ningún caso que permite conocer su opinión. !Qué lio estos cambios! Está bien que los jueces piensen distinto. Nadie quiere autómatas. ¡
Pero, caramba, estamos hablando de la libertad de las personas, de la vida privada!
Además, el sistema de represión no es un experimento de laboratorio. La gente va presa de verdad, en cárceles de verdad, con guardias de verdad, algunos de los cuales venden droga de verdad.El polémico artículo 6º de la ley 20.771 fue reemplazado en 1989 por el artículo 14º de la ley 23.737, que siguió castigando el consumo personal. La pena es de un mes a dos años.
Y puede no imponerse si el acusado se somete a un proceso de desintoxicación y éste da resultado.El que es adicto a las drogas tiene un grave problema de salud, según la opinión médica. Como el fumador o el alcohólico, por ejemplo. ¿Por qué castigarlo? El tráfico de drogas no se ha detenido, por el contrario, con el arresto de adictos ni éstos han demostrado ser potenciales traficantes.
En fin, no habría que cerrarle al enfermo el acceso al sistema de salud. No guardias. Médicos.
La pregunta central de toda esta discusión es si consumir narcóticos en un ámbito privado afecta o no la moral y la seguridad ajena.El artículo 19 de la Constitución dice: "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados".
De la sola lectura no surge la razón por la cual haya que perseguir al adicto. Si la ley lo hace igual se pensaría que no busca castigar una acción ilegal sino una personalidad que no gusta.Lo que se desprendería de la Constitución, entonces, es que el Estado no tiene derecho a imponer ideales de vida a nadie. Su mejor aporte sería dar más libertad para que la gente decida su plan de vida y, obviamente, se atengan a las consecuencias que su elección pueda tener para su salud, por ejemplo.La voluntad de usar drogas es una acción privada porque es un acto que sólo incumbe a la moral de quien consume.
Por eso hay que distinguir la ética privada, reservadas por la Constitución al juicio de Dios, de la ética colectiva, en la que se protegen bienes e intereses de los demás. O sea, son acciones privadas las que no interfieren con las acciones legítimas de otros, que no dañen a otros o que no lesionen sentimientos compartidos por la comunidad.Las leyes 20.771 y la 23.737 parecen confundir las cosas. El Congreso determinó en ellas qué es lo sano y decente para todos, en la calle y en la casa. Casi abre la puerta para que al Estado vigile desde el living, como un Gran Hermano.
En Gran Buenos Aires se produjeron 11 delitos por hora, durante el 2008
http://www.infocielo.com.ar/IC/Home/index.php?ver_nota=4790
En el Gran Buenos Aires, la zona ‘roja’ en materia delictiva de la principal provincia del país, se registraron en el período que va desde enero último hasta noviembre pasado, un total de “90 mil delitos” ‘prevenibles’; entre los que sobresalen asaltos a mano armada; hurtos y robos de automotores; según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense publicadas en su edición de hoy por el matutino porteño Clarín.
La cifra, significa 11 hechos delictivos por hora y representa el nivel de inseguridad, que afecta particularmente con mayor fuerza a Morón, Malvinas Argentinas y José C. Paz; tres de los principales distritos del Conurbano de los más afectados por el crecimiento de las estadísticas delictivas.
El trabajo refleja una leve curva descendente en los delitos prevenibles del GBA, puesto que en enero hubo 7.775 casos y en noviembre se registraron 7.463. Los picos de inseguridad se dieron en febrero (8.527), marzo (8.464), abril (8.693) y mayo (8.823).
El informe incluye un mapa, distrito por distrito, con la evolución del delito en cada uno de ellos; para detectar los distritos más afectados por el flagelo de la inseguridad: entre los más afectados, además de los mencionados Morón, Malvinas Argentinas y José C. Paz, aparecen, Esteban Echeverría y Marcos Paz.
En el otro extremo del ‘mapa delictual’, es decir los distritos donde las estadísticas marcan un leve descenso, se encuentran San Isidro –paradójicamente el distrito donde se produjo en crimen de Barrenechea, el más ‘promocionado’ por los medios del año-; La Matanza; Tigre; Vicente López y Lanús
En el Gran Buenos Aires, la zona ‘roja’ en materia delictiva de la principal provincia del país, se registraron en el período que va desde enero último hasta noviembre pasado, un total de “90 mil delitos” ‘prevenibles’; entre los que sobresalen asaltos a mano armada; hurtos y robos de automotores; según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense publicadas en su edición de hoy por el matutino porteño Clarín.
La cifra, significa 11 hechos delictivos por hora y representa el nivel de inseguridad, que afecta particularmente con mayor fuerza a Morón, Malvinas Argentinas y José C. Paz; tres de los principales distritos del Conurbano de los más afectados por el crecimiento de las estadísticas delictivas.
El trabajo refleja una leve curva descendente en los delitos prevenibles del GBA, puesto que en enero hubo 7.775 casos y en noviembre se registraron 7.463. Los picos de inseguridad se dieron en febrero (8.527), marzo (8.464), abril (8.693) y mayo (8.823).
El informe incluye un mapa, distrito por distrito, con la evolución del delito en cada uno de ellos; para detectar los distritos más afectados por el flagelo de la inseguridad: entre los más afectados, además de los mencionados Morón, Malvinas Argentinas y José C. Paz, aparecen, Esteban Echeverría y Marcos Paz.
En el otro extremo del ‘mapa delictual’, es decir los distritos donde las estadísticas marcan un leve descenso, se encuentran San Isidro –paradójicamente el distrito donde se produjo en crimen de Barrenechea, el más ‘promocionado’ por los medios del año-; La Matanza; Tigre; Vicente López y Lanús
Menores se prostituyen por droga y alcohol en el Mercado Central
http://www.larazon.com.ar/notas/2008/12/28/01830007.html
Así lo denunció una organización no gubernamental. "Existen grupos que operan desde hace muchos años, que es difícil de desarmar, sumando a que se intenta tapar el problema, ocultarlo", dijo un miembro de la ONG.
Chicos y chicas se prostituyen por comida, droga y alcohol en el Mercado Central, lugar donde hay "un muro de silencio" para esconder un flagelo denunciado por una organización no gubernamental que busca resguardar a los menores de esa cruda realidad. "El Mercado Central es como una ciudad aparte, un lugar donde todos los vicios, inequidades y problemas de la sociedad están amplificados, y desde nuestro lugar intentamos rescatar a los chicos, mostrarles que otra realidad es posible, crecer de forma sana, pero es difícil", señaló Gilda Acosta, integrante de la ONG Tras.Sos. La trabajadora social comentó que realizar un diagnóstico del lugar les llevó aproximadamente un año, y aseguró que "el problema era sencillo y estaba a la vista: todos eran consumidores de drogas, sexo, violencia, entonces naturalmente se generaba un muro de silencio". "De a poco logramos ingresar en sitios del mercado que antes estaban prohibidos para cualquiera que no perteneciera. Nosotros no estamos para castigar el delito, sino para prevenir y tratar que el pibe tenga otras posibilidades", indicó en declaraciones a Diario Popular.
Además, Acosta sostuvo que la intención de ellos no es "hacer el trabajo de la Justicia o el Estado, pero sí articular con ambos para que se encuentre una solución". "Hay grupos que operan desde hace muchos años, que es difícil de desarmar, sumando a que se intenta tapar el problema, ocultarlo. Sería necesario un ejército de gente trabajando las 24 horas, siguiendo todos los casos que se presentan, con exclusividad y mucha dedicación", agregó.
Por su parte, Pablo Prado, otro integrante de esta ONG, afirmó que "a la gente de arriba en la práctica esto le interesa poco". "Fue muy difícil encontrar los hechos y muchas veces sentimos que estábamos por el camino equivocado. ¿Por qué era tan complicado?, porque consumidores eran todos: policías, changarines, seguridad privada, comerciantes, camioneros y algunos directivos también", precisó. Según el matutino, los abusos contra menores obligados por la necesidad de prostituirse se habrían cometido en un lugar denominado las "catacumbas", zona de vestuarios subterráneos que cada nave del mercado tiene con un acceso restringido.
La Corporación del Mercado Central, administra el principal centro de comercializador de frutas y verduras de la Argentina, predio de 500 hectáreas que abastece a más de 11 millones de personas con un caudal de 13 mil camiones por mes provenientes de todas las provincias y del exterior.FUENTE: NA
Así lo denunció una organización no gubernamental. "Existen grupos que operan desde hace muchos años, que es difícil de desarmar, sumando a que se intenta tapar el problema, ocultarlo", dijo un miembro de la ONG.
Chicos y chicas se prostituyen por comida, droga y alcohol en el Mercado Central, lugar donde hay "un muro de silencio" para esconder un flagelo denunciado por una organización no gubernamental que busca resguardar a los menores de esa cruda realidad. "El Mercado Central es como una ciudad aparte, un lugar donde todos los vicios, inequidades y problemas de la sociedad están amplificados, y desde nuestro lugar intentamos rescatar a los chicos, mostrarles que otra realidad es posible, crecer de forma sana, pero es difícil", señaló Gilda Acosta, integrante de la ONG Tras.Sos. La trabajadora social comentó que realizar un diagnóstico del lugar les llevó aproximadamente un año, y aseguró que "el problema era sencillo y estaba a la vista: todos eran consumidores de drogas, sexo, violencia, entonces naturalmente se generaba un muro de silencio". "De a poco logramos ingresar en sitios del mercado que antes estaban prohibidos para cualquiera que no perteneciera. Nosotros no estamos para castigar el delito, sino para prevenir y tratar que el pibe tenga otras posibilidades", indicó en declaraciones a Diario Popular.
Además, Acosta sostuvo que la intención de ellos no es "hacer el trabajo de la Justicia o el Estado, pero sí articular con ambos para que se encuentre una solución". "Hay grupos que operan desde hace muchos años, que es difícil de desarmar, sumando a que se intenta tapar el problema, ocultarlo. Sería necesario un ejército de gente trabajando las 24 horas, siguiendo todos los casos que se presentan, con exclusividad y mucha dedicación", agregó.
Por su parte, Pablo Prado, otro integrante de esta ONG, afirmó que "a la gente de arriba en la práctica esto le interesa poco". "Fue muy difícil encontrar los hechos y muchas veces sentimos que estábamos por el camino equivocado. ¿Por qué era tan complicado?, porque consumidores eran todos: policías, changarines, seguridad privada, comerciantes, camioneros y algunos directivos también", precisó. Según el matutino, los abusos contra menores obligados por la necesidad de prostituirse se habrían cometido en un lugar denominado las "catacumbas", zona de vestuarios subterráneos que cada nave del mercado tiene con un acceso restringido.
La Corporación del Mercado Central, administra el principal centro de comercializador de frutas y verduras de la Argentina, predio de 500 hectáreas que abastece a más de 11 millones de personas con un caudal de 13 mil camiones por mes provenientes de todas las provincias y del exterior.FUENTE: NA
sábado, 27 de diciembre de 2008
¿Una herramienta para combatir la inseguridad?
http://www.infoban.com.ar/despachos.asp?cod_des=18234&ID_Seccion=5
[24/12 10:18] El diputado Lorenzino, analizó las reformas del Código Procesal Penal y la sanción de la Ley de Mediación como parte de las medidas que impulsa Scioli.
Para el legislador oficialista el paquete de leyes que ponen “límites a las excarcelaciones arbitrarias”, y celebró que “la justicia empezará a contar con una legislación más acorde a la complejidad de los tiempos actuales”.
En cuanto a las reformas al Código Procesal Penal, Lorenzino explicó que “el objetivo central de la reforma es brindarle celeridad a las víctimas en el proceso, objetividad en las decisiones judiciales y generar mayor efectividad al servicio de la justicia”, afirmó el legislador quien consideró sus efectos: “En primer lugar, otorga mayores facultades a la víctima dotando a la figura del particular damnificado de atributos que antes eran propiedad exclusiva del fiscal. Asimismo, objetiviza el otorgamiento de libertades morigeradas o beneficios excarcelatorios, y en el caso que los mismos no estén contemplados, requiere la conformidad del fiscal o de la instancia superior. Otro punto importante es la creación de los tribunales unipersonales para los delitos cuya pena no supere los quince años de prisión”, detalló el Diputado sciolista.
Descongestionar los tribunales
Para Lorenzino, otro tema destacado ratificado por los votos en la cámara baja en la sesión de ayer, es la sanción de la Ley de Mediación, “que instala en la provincia el sistema de capital de mediación civil prejudicial, que propone resolver en una instancia anterior al juicio las cuestiones de menor cuantía o que son conciliables. De esta forma, se evita la dilación de un proceso y el paso del tiempo para poder tener justicia o certeza de derechos”, puntualizó el legislador justicialista.
[24/12 10:18] El diputado Lorenzino, analizó las reformas del Código Procesal Penal y la sanción de la Ley de Mediación como parte de las medidas que impulsa Scioli.
Para el legislador oficialista el paquete de leyes que ponen “límites a las excarcelaciones arbitrarias”, y celebró que “la justicia empezará a contar con una legislación más acorde a la complejidad de los tiempos actuales”.
En cuanto a las reformas al Código Procesal Penal, Lorenzino explicó que “el objetivo central de la reforma es brindarle celeridad a las víctimas en el proceso, objetividad en las decisiones judiciales y generar mayor efectividad al servicio de la justicia”, afirmó el legislador quien consideró sus efectos: “En primer lugar, otorga mayores facultades a la víctima dotando a la figura del particular damnificado de atributos que antes eran propiedad exclusiva del fiscal. Asimismo, objetiviza el otorgamiento de libertades morigeradas o beneficios excarcelatorios, y en el caso que los mismos no estén contemplados, requiere la conformidad del fiscal o de la instancia superior. Otro punto importante es la creación de los tribunales unipersonales para los delitos cuya pena no supere los quince años de prisión”, detalló el Diputado sciolista.
Descongestionar los tribunales
Para Lorenzino, otro tema destacado ratificado por los votos en la cámara baja en la sesión de ayer, es la sanción de la Ley de Mediación, “que instala en la provincia el sistema de capital de mediación civil prejudicial, que propone resolver en una instancia anterior al juicio las cuestiones de menor cuantía o que son conciliables. De esta forma, se evita la dilación de un proceso y el paso del tiempo para poder tener justicia o certeza de derechos”, puntualizó el legislador justicialista.
jueves, 25 de diciembre de 2008
Scioli: "la reforma penal evitará que los delincuentes reincidan"
http://www.notibonaerense.com/notas.aspx?idn=39770&ffo=20081224
El gobernador bonaerense consideró que a partir de las modificaciones, no volverán a delinquir los acusados por delitos graves. Además, realizó un repaso por los temas más urgentes de la agenda bonaerense
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, consideró anoche que la reforma al Código Procesal Penal, que ayer aprobó la legislatura bonaerense, servirá para “dar respuestas concretas al reclamo de la ciudadanía que no quiere ver a delincuentes de delitos graves que con la liviandad de las excarcelaciones vuelven a cometer delitos”.
Además, el mandatario provincial defendió su política de seguridad y de menores frente a las críticas de las algunos jueces de la Corte Suprema como Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y Carlos Fayt. “Son grandes académicos y yo respeto su opinión. No voy a ponerme a polemizar porque tengo que trabajar para cambiar esta realidad con la que me encontré”, explicó.
Sobre la policía, Scioli señaló que su objetivo es poner todo “en su justa medida”. En ese sentido, recordó: “Ningún extremo es bueno. La Provincia anduvo a los bandazos, cuando no era mano dura era permisiva y vale todo, cuando no era la maldita policía pasaba a la mejor policía del mundo”.
“Luchamos contra la corrupción, luchamos para cambiar esta realidad de percepción que tiene gran parte de la ciudadanía todavía en relación a la Policía. Pero sin Policía no hay seguridad, contra la Policía, menos, y sólo con la Policía menos aún”, añadió.
Por otro lado, dijo que “se sensibiliza” al ver “tantos problemas, tantas necesidades, tanta gente sin trabajo, sin cloacas, sin agua potable; familias destrozadas que han perdido seres queridos”. En ese marco, se comprometió a poner “lo mejor” de su persona para solucionarlo.
Con respecto al cortocircuito que se generó entre la Gobernación y el Episcopado por el juego de azar en la Provincia, Scioli adelantó que buscará consensos. En tanto, señaló que se trata de un tema que “claramente” es preexistente a su mandato. Sin embargo, confirmó que le planteó a la Iglesia la necesidad de tener un marco regulatorio para la renovación de las licencias.
Sobre la crisis económica y su impacto en la producción bonaerense, el Gobernador entendió que no hubo una caída sino que se “detuvo ese crecimiento tan vertical que veníamos teniendo”. En ese plano, remarcó que “lo importante aquí es el empleo y crear confianza para la inversión”.
De cara al 2009, Scioli pidió “responsabilidad del oficialismo, de la oposición, de los medios de comunicación, de la sociedad toda”. También reclamó que el “debate electoral se dé en términos positivos para el país, que se dé con propuestas superadoras”.
Por último Scioli ponderó la figura del ex presidente Néstor Kirchner como “un apasionado por defender los avances argentinos en sus cuatro años y medio de gobierno, con una responsabilidad de presidir el partido y ayudar desde ahí a la gobernabilidad”.
El gobernador bonaerense consideró que a partir de las modificaciones, no volverán a delinquir los acusados por delitos graves. Además, realizó un repaso por los temas más urgentes de la agenda bonaerense
El gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, consideró anoche que la reforma al Código Procesal Penal, que ayer aprobó la legislatura bonaerense, servirá para “dar respuestas concretas al reclamo de la ciudadanía que no quiere ver a delincuentes de delitos graves que con la liviandad de las excarcelaciones vuelven a cometer delitos”.
Además, el mandatario provincial defendió su política de seguridad y de menores frente a las críticas de las algunos jueces de la Corte Suprema como Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y Carlos Fayt. “Son grandes académicos y yo respeto su opinión. No voy a ponerme a polemizar porque tengo que trabajar para cambiar esta realidad con la que me encontré”, explicó.
Sobre la policía, Scioli señaló que su objetivo es poner todo “en su justa medida”. En ese sentido, recordó: “Ningún extremo es bueno. La Provincia anduvo a los bandazos, cuando no era mano dura era permisiva y vale todo, cuando no era la maldita policía pasaba a la mejor policía del mundo”.
“Luchamos contra la corrupción, luchamos para cambiar esta realidad de percepción que tiene gran parte de la ciudadanía todavía en relación a la Policía. Pero sin Policía no hay seguridad, contra la Policía, menos, y sólo con la Policía menos aún”, añadió.
Por otro lado, dijo que “se sensibiliza” al ver “tantos problemas, tantas necesidades, tanta gente sin trabajo, sin cloacas, sin agua potable; familias destrozadas que han perdido seres queridos”. En ese marco, se comprometió a poner “lo mejor” de su persona para solucionarlo.
Con respecto al cortocircuito que se generó entre la Gobernación y el Episcopado por el juego de azar en la Provincia, Scioli adelantó que buscará consensos. En tanto, señaló que se trata de un tema que “claramente” es preexistente a su mandato. Sin embargo, confirmó que le planteó a la Iglesia la necesidad de tener un marco regulatorio para la renovación de las licencias.
Sobre la crisis económica y su impacto en la producción bonaerense, el Gobernador entendió que no hubo una caída sino que se “detuvo ese crecimiento tan vertical que veníamos teniendo”. En ese plano, remarcó que “lo importante aquí es el empleo y crear confianza para la inversión”.
De cara al 2009, Scioli pidió “responsabilidad del oficialismo, de la oposición, de los medios de comunicación, de la sociedad toda”. También reclamó que el “debate electoral se dé en términos positivos para el país, que se dé con propuestas superadoras”.
Por último Scioli ponderó la figura del ex presidente Néstor Kirchner como “un apasionado por defender los avances argentinos en sus cuatro años y medio de gobierno, con una responsabilidad de presidir el partido y ayudar desde ahí a la gobernabilidad”.
miércoles, 24 de diciembre de 2008
Ya es ley la reforma penal que restringe las excarcelaciones
http://www.notibonaerense.com/notasimp.aspx?idn=159394&ffo=20081224
Para dictar la morigeración de prisión, los jueces deberán tener el aval del fiscal o la cámara
Luego de intensas gestiones y un fuerte reclamo del gobernador Daniel Scioli en procura de que se le otorgara una herramienta que considera vital para acelerar los procesos judiciales, la Cámara de Diputados bonaerense transformó ayer en ley la reforma al Código Procesal Penal. La norma, en uno de sus puntos principales, pone límites a las excarcelaciones para los procesados con prisión preventiva.
La iniciativa limita el margen de maniobra de los jueces para otorgar excarcelaciones, una propuesta que surgió tras la polémica instalada por el cuádruple crimen de una familia, cometido por una persona que había sido beneficiada con el uso de la pulsera electrónica.
La reforma dispone que "siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse", podrán ser beneficiadas con el sistema de monitoreo electrónico las personas mayores de 70 años, los enfermos terminales y las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años.
La morigeración de la pena podrá ser concedida también en otros casos, cuando el delito que se impute tenga prevista una pena cuyo máximo no supere los 8 años de prisión o reclusión, pero sólo "excepcionalmente". No obstante, en todos los casos el juez no podrá conceder la libertad vigilada sin antes contar con la opinión fundada del fiscal o, en su defecto, de la cámara de apelación que intervino en el caso.
Ese es un aspecto fundamental de la reforma, ya que hasta el momento los jueces tienen atribuciones para dictar la morigeración de prisión sin consultar a ningún otro estamento de la Justicia.
TRIBUNALES UNIPERSONALES
Pero además, con la mira puesta en acelerar los procesos judiciales, la ley propone que en los casos en los que la pena a aplicar al imputado no sea superior a los 15 años de prisión, el fiscal podrá solicitar el trámite de juicio abreviado. El texto actual del Código establece que esa medida sólo puede ser solicitada para los casos cuya pena máxima prevista sea de 8 años de prisión.
La iniciativa impulsada por el Gobierno prevé la creación de tribunales correccionales unipersonales "cuando se trate de delitos cuya pena máxima prevista no exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto".
Los tribunales seguirán siendo de tres jueces cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos y cuando el Imputado o su defensor requieran la integración colegiada.
Por otra parte, el proyecto dispone que los juicios "deberán celebrarse dentro de los seis meses de radicada la causa en el órgano de juicio, plazo que el juez o tribunal podrán prorrogar por única vez, cuando se disponga una instrucción suplementaria que no permita su realización en dicho término".
La falta de realización del debate dentro del plazo fijado será sancionada con la pérdida de competencia del juez o el tribunal.
La reforma penal también reconoce al particular damnificado (víctima del delito) la facultad de formular acusación y abrir autónomamente el juicio cuando no esté de acuerdo con el sobreseimiento del fiscal. De este modo se le garantiza "el derecho a ser oído". En el debate oral podrá acusar y sostener la acusación fiscal no obstante el retiro que pueda realizar el funcionario público.
La reforma fue aprobada por el bloque oficialista y el de la Concertación. En tanto, estos cambios al Código Procesal Penal fueron cuestionados por diversos sectores de la oposición.
SATISFACCION OFICIAL
En ese marco, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, manifestó su satisfacción "porque esta ley es producto de cerca de 3.000 consultas con distintos estamentos de la Justicia", y subrayó que con la reforma habrá una "mayor eficiencia" en los tribunales de la Provincia.
Además indicó que "el rol del particular damnificado tendrá más facultades para proseguir el juicio, incluso si el fiscal entiende que no hay mérito".
Casal reconoció además que en "muchos casos fueron otorgadas excarcelaciones con demasiada discrecionalidad, si bien dentro del margen de la ley, pero esta ley achica este margen".
Finalmente el ministro agradeció a la Legislatura por la aprobación de diversas leyes procesales durante el año.
LEZAMA
Finalmente, el proyecto para dividir Chascomús y crear la comuna de Lezama, no fue tratado en la Cámara de Diputados. Así, la iniciativa quedó para ser considerada en 2009. Por eso, los habitantes de la localidad decidieron no movilizar hasta la Legislatura.
Para dictar la morigeración de prisión, los jueces deberán tener el aval del fiscal o la cámara
Luego de intensas gestiones y un fuerte reclamo del gobernador Daniel Scioli en procura de que se le otorgara una herramienta que considera vital para acelerar los procesos judiciales, la Cámara de Diputados bonaerense transformó ayer en ley la reforma al Código Procesal Penal. La norma, en uno de sus puntos principales, pone límites a las excarcelaciones para los procesados con prisión preventiva.
La iniciativa limita el margen de maniobra de los jueces para otorgar excarcelaciones, una propuesta que surgió tras la polémica instalada por el cuádruple crimen de una familia, cometido por una persona que había sido beneficiada con el uso de la pulsera electrónica.
La reforma dispone que "siempre que el peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio pudiera razonablemente evitarse", podrán ser beneficiadas con el sistema de monitoreo electrónico las personas mayores de 70 años, los enfermos terminales y las mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años.
La morigeración de la pena podrá ser concedida también en otros casos, cuando el delito que se impute tenga prevista una pena cuyo máximo no supere los 8 años de prisión o reclusión, pero sólo "excepcionalmente". No obstante, en todos los casos el juez no podrá conceder la libertad vigilada sin antes contar con la opinión fundada del fiscal o, en su defecto, de la cámara de apelación que intervino en el caso.
Ese es un aspecto fundamental de la reforma, ya que hasta el momento los jueces tienen atribuciones para dictar la morigeración de prisión sin consultar a ningún otro estamento de la Justicia.
TRIBUNALES UNIPERSONALES
Pero además, con la mira puesta en acelerar los procesos judiciales, la ley propone que en los casos en los que la pena a aplicar al imputado no sea superior a los 15 años de prisión, el fiscal podrá solicitar el trámite de juicio abreviado. El texto actual del Código establece que esa medida sólo puede ser solicitada para los casos cuya pena máxima prevista sea de 8 años de prisión.
La iniciativa impulsada por el Gobierno prevé la creación de tribunales correccionales unipersonales "cuando se trate de delitos cuya pena máxima prevista no exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto".
Los tribunales seguirán siendo de tres jueces cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos y cuando el Imputado o su defensor requieran la integración colegiada.
Por otra parte, el proyecto dispone que los juicios "deberán celebrarse dentro de los seis meses de radicada la causa en el órgano de juicio, plazo que el juez o tribunal podrán prorrogar por única vez, cuando se disponga una instrucción suplementaria que no permita su realización en dicho término".
La falta de realización del debate dentro del plazo fijado será sancionada con la pérdida de competencia del juez o el tribunal.
La reforma penal también reconoce al particular damnificado (víctima del delito) la facultad de formular acusación y abrir autónomamente el juicio cuando no esté de acuerdo con el sobreseimiento del fiscal. De este modo se le garantiza "el derecho a ser oído". En el debate oral podrá acusar y sostener la acusación fiscal no obstante el retiro que pueda realizar el funcionario público.
La reforma fue aprobada por el bloque oficialista y el de la Concertación. En tanto, estos cambios al Código Procesal Penal fueron cuestionados por diversos sectores de la oposición.
SATISFACCION OFICIAL
En ese marco, el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, manifestó su satisfacción "porque esta ley es producto de cerca de 3.000 consultas con distintos estamentos de la Justicia", y subrayó que con la reforma habrá una "mayor eficiencia" en los tribunales de la Provincia.
Además indicó que "el rol del particular damnificado tendrá más facultades para proseguir el juicio, incluso si el fiscal entiende que no hay mérito".
Casal reconoció además que en "muchos casos fueron otorgadas excarcelaciones con demasiada discrecionalidad, si bien dentro del margen de la ley, pero esta ley achica este margen".
Finalmente el ministro agradeció a la Legislatura por la aprobación de diversas leyes procesales durante el año.
LEZAMA
Finalmente, el proyecto para dividir Chascomús y crear la comuna de Lezama, no fue tratado en la Cámara de Diputados. Así, la iniciativa quedó para ser considerada en 2009. Por eso, los habitantes de la localidad decidieron no movilizar hasta la Legislatura.
martes, 23 de diciembre de 2008
La Reforma Penal provincial es ley
http://www.notibonaerense.com/notas.aspx?idn=39682&ffo=20081223
Fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura bonaerense. Limita las excarcelaciones y establece pautas vincualdas a la duración de los procesos penales
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este martes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la reforma del Código Procesal Penal que introduce una limitación a las excarcelaciones.
La reforma, consensuada entre diversos sectores de la Provincia, restringe las morigeraciones de penas a condenados, admitiendo esta posibilidad solo a mayores de 70 años, a enfermos terminales y a mujeres embarazadas o con hijos menores de cinco años.
Por otra parte, establece pautas vinculadas a la duración de los procesos penales, particularmente en los que haya personas detenidas, y demás cambios que apuntan a “agilizar las causas, como la apertura a dividir los tribunales en juzgados unipersonales.
La iniciativa repara en lo que denomina “falencias de gestión” de los tribunales orales y para agilizar el accionar de la Justicia habilita la conformación de juzgados “unipersonales”; allí donde, hasta ahora, existen Tribunales, aunque en determinados hechos.
Fue aprobada por ambas cámaras de la Legislatura bonaerense. Limita las excarcelaciones y establece pautas vincualdas a la duración de los procesos penales
La Cámara de Diputados bonaerense aprobó este martes el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la reforma del Código Procesal Penal que introduce una limitación a las excarcelaciones.
La reforma, consensuada entre diversos sectores de la Provincia, restringe las morigeraciones de penas a condenados, admitiendo esta posibilidad solo a mayores de 70 años, a enfermos terminales y a mujeres embarazadas o con hijos menores de cinco años.
Por otra parte, establece pautas vinculadas a la duración de los procesos penales, particularmente en los que haya personas detenidas, y demás cambios que apuntan a “agilizar las causas, como la apertura a dividir los tribunales en juzgados unipersonales.
La iniciativa repara en lo que denomina “falencias de gestión” de los tribunales orales y para agilizar el accionar de la Justicia habilita la conformación de juzgados “unipersonales”; allí donde, hasta ahora, existen Tribunales, aunque en determinados hechos.
lunes, 22 de diciembre de 2008
"La Presidenta tiene derecho a criticar los actos de otro poder del Estado"
http://www.diarioprovincia.com/detalle.php?articulo=La-Presidenta-tiene-derecho-a-criticar-los-actos-de-otro-poder-del-Estado&tipo=1&documento=11631&sistema=diarios
El juez Raúl Zaffaroni se refirió a los dichos de Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta. Aseguró que a “las críticas hay que escucharlas y resolver en conciencia lo que se considera que es lo mejor para todos los habitantes".
El juez Raúl Zaffaroni dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "tiene derecho a criticar los actos de otro poder del Estado", tras el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a los represores Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, entre otros.
"Las críticas hay que escucharlas y resolver en conciencia lo que se considera que es lo mejor para todos los habitantes", señaló Zafaroni al diario Página/12.
Zafaroni, uno de los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hizo referencia sobre la orden de liberación de los represores porque "voy a tener que opinar seguramente en un fallo, así que por ahora no puedo adelantar mi criterio".
No obstante manifestó en forma genérica que las "las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip, pero no para los pobres tipos".
Para Zafaroni las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos se dan porque "tenemos un procedimiento penal horrible, con defectos estructurales, y una tradición burocrática en la Justicia, independientemente de lo cual ha habido demoras conocidas en estas causas, como las de la propia Cámara de Casación".
"A veces también las querellas interfieren con sus apelaciones", añadió el ministro de la Corte, aunque aclaró que "en general, no soy partidario de ninguna medida excepcional respecto de estos juicios, en especial de ninguna medida que pueda entenderse o arrojar sombras sobre el respeto al principio del juez natural y del derecho de defensa".
Para Zafaroni una de las soluciones "sería la de elevar a juicio algunos hechos, juzgarlos y, si corresponde, condenar, sin perjuicio de que la investigación continúe", y si bien admitió que "no es lo mejor" aclaró que "puede ser una solución ante el problema de las prisiones preventivas prolongadas", a medida que los fiscales "vayan pidiendo elevar a juicio".
Y también indicó que "la redistribución de causas entre los Tribunales Orales Federales (TOF) hay que pensarla", teniendo en cuenta que sólo en el TOF 5 se encuentran las dos megacausas sobre crímenes dictatoriales, la del Primer Cuerpo y la de la ESMA.
El juez Raúl Zaffaroni se refirió a los dichos de Cristina Fernández de Kirchner tras el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta. Aseguró que a “las críticas hay que escucharlas y resolver en conciencia lo que se considera que es lo mejor para todos los habitantes".
El juez Raúl Zaffaroni dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "tiene derecho a criticar los actos de otro poder del Estado", tras el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a los represores Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta, entre otros.
"Las críticas hay que escucharlas y resolver en conciencia lo que se considera que es lo mejor para todos los habitantes", señaló Zafaroni al diario Página/12.
Zafaroni, uno de los siete miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no hizo referencia sobre la orden de liberación de los represores porque "voy a tener que opinar seguramente en un fallo, así que por ahora no puedo adelantar mi criterio".
No obstante manifestó en forma genérica que las "las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip, pero no para los pobres tipos".
Para Zafaroni las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos se dan porque "tenemos un procedimiento penal horrible, con defectos estructurales, y una tradición burocrática en la Justicia, independientemente de lo cual ha habido demoras conocidas en estas causas, como las de la propia Cámara de Casación".
"A veces también las querellas interfieren con sus apelaciones", añadió el ministro de la Corte, aunque aclaró que "en general, no soy partidario de ninguna medida excepcional respecto de estos juicios, en especial de ninguna medida que pueda entenderse o arrojar sombras sobre el respeto al principio del juez natural y del derecho de defensa".
Para Zafaroni una de las soluciones "sería la de elevar a juicio algunos hechos, juzgarlos y, si corresponde, condenar, sin perjuicio de que la investigación continúe", y si bien admitió que "no es lo mejor" aclaró que "puede ser una solución ante el problema de las prisiones preventivas prolongadas", a medida que los fiscales "vayan pidiendo elevar a juicio".
Y también indicó que "la redistribución de causas entre los Tribunales Orales Federales (TOF) hay que pensarla", teniendo en cuenta que sólo en el TOF 5 se encuentran las dos megacausas sobre crímenes dictatoriales, la del Primer Cuerpo y la de la ESMA.
La justicia bonaerense ratificó pena de "reclusión por tiempo indeterminado"
http://www.aninoticias.com/noticia.php?id_noticia=17694
La Justicia bonaerense confirmó que la pena de "reclusión por tiempo indeterminado" es constitucional en aquellos hechos graves como es el de homicidio.
Así lo consideró la Sala II de la Cámara de Casación bonaerense, al no hacer lugar a un hábeas corpus presentado por la defensa de un hombre a quien se lo condenó a la pena de reclusión por tiempo indeterminado.
Para los camaristas Fernando Luis María Mancini y Jorge Hugo Celesia, integrantes de la Sala II, la pena de reclusión por tiempo indeterminado es constitucional.
En el fallo los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional, en donde se fijó que la reclusión por tiempo indeterminado es una medida de seguridad y no resulta inconstitucional.
El defensor oficial Ricardo Yañez había apelado la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Morón del 15 de mayo pasado, que no había hecho lugar a un hábeas corpus presentado a favor de su cliente.
En su recurso ante Casación, el defensor aseguró que la pena impuesta a su cliente resultaba "arbitraria e ilegítima por la duración de la pena".
Al hacerlo, la defensa solicitó que se declare inconstitucional el artículo 52 del Código Penal (CP) el cual establece la pena de reclusión por tiempo indeterminado "como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple".
"La accesoria de reclusión por tiempo indeterminado es aplicable en forma facultativa en los casos de comisión de un homicidio calificado", consideraron los camaristas.
En la resolución, los jueces explicaron que la defensa "no realiza una argumentación válida respecto del hábeas corpus rechazado" por la Cámara "sino que se limita a plantear la inconstitucionalidad del artículo 52 del CP".
Con ello, los jueces rechazaron el recurso interpuesto y confirmaron la medida dictada por la Cámara Penal de Morón.
La Justicia bonaerense confirmó que la pena de "reclusión por tiempo indeterminado" es constitucional en aquellos hechos graves como es el de homicidio.
Así lo consideró la Sala II de la Cámara de Casación bonaerense, al no hacer lugar a un hábeas corpus presentado por la defensa de un hombre a quien se lo condenó a la pena de reclusión por tiempo indeterminado.
Para los camaristas Fernando Luis María Mancini y Jorge Hugo Celesia, integrantes de la Sala II, la pena de reclusión por tiempo indeterminado es constitucional.
En el fallo los jueces citaron jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Nacional, en donde se fijó que la reclusión por tiempo indeterminado es una medida de seguridad y no resulta inconstitucional.
El defensor oficial Ricardo Yañez había apelado la resolución de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Morón del 15 de mayo pasado, que no había hecho lugar a un hábeas corpus presentado a favor de su cliente.
En su recurso ante Casación, el defensor aseguró que la pena impuesta a su cliente resultaba "arbitraria e ilegítima por la duración de la pena".
Al hacerlo, la defensa solicitó que se declare inconstitucional el artículo 52 del Código Penal (CP) el cual establece la pena de reclusión por tiempo indeterminado "como accesoria de la última condena, cuando la reincidencia fuere múltiple".
"La accesoria de reclusión por tiempo indeterminado es aplicable en forma facultativa en los casos de comisión de un homicidio calificado", consideraron los camaristas.
En la resolución, los jueces explicaron que la defensa "no realiza una argumentación válida respecto del hábeas corpus rechazado" por la Cámara "sino que se limita a plantear la inconstitucionalidad del artículo 52 del CP".
Con ello, los jueces rechazaron el recurso interpuesto y confirmaron la medida dictada por la Cámara Penal de Morón.
Scioli pidió por la reforma penal y terminar con la "liviandad" de las excarcelaciones
http://www.aninoticias.com/noticia.php?id_noticia=17695
En el marco de la presentación del Programa de Seguridad en Red en Ituzaingó, el gobernador de la Provincia Daniel Scioli aseguró que hay que terminar con “la liviandad de las excarcelaciones”. Además, pidió a los legisladores destrabar la Reforma Penal.
“El legislador está en la ardua tarea de encontrar los consensos necesarios para hacer la reforma integral del Código Penal que termine con la liviandad de excarcelaciones de delincuentes peligrosos. Los que tienen que estar temerosos, tras las rejas, son los delincuentes y no los vecinos”.
Scioli ratificó su compromiso de “defender la vida de la gente honesta” y aseguró que la Legislatura está buscando los “consensos necesarios” para aprobar la reforma del Código Penal.
“Estoy comprometido, preocupado y ocupado” por la inseguridad, enfatizó el gobernador y destacó: “empezamos dando una lucha histórica contra la droga, que es la contracara de la vida”.
“Hemos secuestrado droga como nunca en la provincia, para dejar atrás la cultura de la violencia y contener y motivar a los jóvenes con la educación y el trabajo que es el gran ordenador social, por eso las políticas activas para generar empleo”, añadió.
En el marco de la presentación del Programa de Seguridad en Red en Ituzaingó, el gobernador de la Provincia Daniel Scioli aseguró que hay que terminar con “la liviandad de las excarcelaciones”. Además, pidió a los legisladores destrabar la Reforma Penal.
“El legislador está en la ardua tarea de encontrar los consensos necesarios para hacer la reforma integral del Código Penal que termine con la liviandad de excarcelaciones de delincuentes peligrosos. Los que tienen que estar temerosos, tras las rejas, son los delincuentes y no los vecinos”.
Scioli ratificó su compromiso de “defender la vida de la gente honesta” y aseguró que la Legislatura está buscando los “consensos necesarios” para aprobar la reforma del Código Penal.
“Estoy comprometido, preocupado y ocupado” por la inseguridad, enfatizó el gobernador y destacó: “empezamos dando una lucha histórica contra la droga, que es la contracara de la vida”.
“Hemos secuestrado droga como nunca en la provincia, para dejar atrás la cultura de la violencia y contener y motivar a los jóvenes con la educación y el trabajo que es el gran ordenador social, por eso las políticas activas para generar empleo”, añadió.
Críticas de los abogados al funcionamiento de la Justicia
http://www.notibonaerense.com/notasimp.aspx?idn=158950&ffo=20081222
La entidad que nuclea a los profesionales de La Plata habló de "descontento" y "descrédito"
Los abogados de La Plata expresaron su "preocupación" por el funcionamiento de la Justicia en nuestra región y realizaron una encuesta con la que, en función de los resultados que arroje el trabajo que será presentado mañana, pretenden "colaborar" para mejorar el sistema.
La "preocupación" fue transmitida por el Colegio de Abogados platense a través de un comunicado en el que señaló el "descontento" y el "descrédito" que se viene dando en distintos sectores "respecto del funcionamiento del servicio de justicia en el Departamento Judicial de La Plata".
La entidad pronunció su preocupación y entendió que "estas circunstancias deben ser consideradas por los poderes del Estado como señales de alarma para la reflexión y corrección de los rumbos".
Fue por esa razón que la comisión de Administración de Justicia de la entidad realizó una consulta entre los abogados del fuero platense con el objetivo de "conocer la apreciación que tienen del funcionamiento de la actividad diaria en los tribunales" y, una vez obtenidos los resultados, "colaborar en el desarrollo del servicio de justicia".
El trabajo se realizó sobre la base de encuestas referidas a la atención de la Mesa de Entradas de cada juzgado o tribunal, la celeridad y calidad en los despachos, la fijación de audiencias y su puntualidad, la calidad de las sentencias y el acceso al juez y al secretario.
La encuesta se viene realizando en forma directa y personalmente en todos los tribunales platenses y por vía correo electrónico (www.calp.org.ar).
El resultado de la encuesta se dará a conocer mañana, con un acto que se llevará a cabo a las 13.30 horas en la sede de la entidad, y el informe será entregado a los correspondientes órganos del Estado.
La entidad que nuclea a los profesionales de La Plata habló de "descontento" y "descrédito"
Los abogados de La Plata expresaron su "preocupación" por el funcionamiento de la Justicia en nuestra región y realizaron una encuesta con la que, en función de los resultados que arroje el trabajo que será presentado mañana, pretenden "colaborar" para mejorar el sistema.
La "preocupación" fue transmitida por el Colegio de Abogados platense a través de un comunicado en el que señaló el "descontento" y el "descrédito" que se viene dando en distintos sectores "respecto del funcionamiento del servicio de justicia en el Departamento Judicial de La Plata".
La entidad pronunció su preocupación y entendió que "estas circunstancias deben ser consideradas por los poderes del Estado como señales de alarma para la reflexión y corrección de los rumbos".
Fue por esa razón que la comisión de Administración de Justicia de la entidad realizó una consulta entre los abogados del fuero platense con el objetivo de "conocer la apreciación que tienen del funcionamiento de la actividad diaria en los tribunales" y, una vez obtenidos los resultados, "colaborar en el desarrollo del servicio de justicia".
El trabajo se realizó sobre la base de encuestas referidas a la atención de la Mesa de Entradas de cada juzgado o tribunal, la celeridad y calidad en los despachos, la fijación de audiencias y su puntualidad, la calidad de las sentencias y el acceso al juez y al secretario.
La encuesta se viene realizando en forma directa y personalmente en todos los tribunales platenses y por vía correo electrónico (www.calp.org.ar).
El resultado de la encuesta se dará a conocer mañana, con un acto que se llevará a cabo a las 13.30 horas en la sede de la entidad, y el informe será entregado a los correspondientes órganos del Estado.
“Si el chico eligió el camino de la delincuencia es porque no se lo atendió”
http://www.loquepasa.net/diario/vernota.asp?idProduct=2210
MINORIDAD
“Si el chico eligió el camino de la delincuencia es porque no se lo atendió”
Adrián Lofiego es el director de Niñez y Juventud de la comuna. Sobre los menores volcados a la delincuencia en nuestra ciudad, indicó que “si el chico eligió ese camino es porque no se lo atendió. Nosotros detectamos permanentemente que se vulneran sus derechos, no se los contiene y muchas veces esos casos terminan con el menor volcado a la delincuencia”, agregó. En ese sentido pidió que desde el Estado se generen políticas para evitar este tipo de situaciones.
“Nosotros en el Centro de Prevención de los Derechos de la Niñez, detectamos distintos casos de violencia. Violencia, maltrato, físico y psicológico. Esa violencia generalmente proviene del mismo núcleo familiar”, explicó el funcionario.
“Nosotros atendemos permanentemente este tipo de casos y tratamos de trabajar para terminar con estos hechos”, agregó.
“Se vulneran derechos, a ese chico no se lo contiene y muchas veces ese caso termina con el menor volcado a la delincuencia. Si ese chico eligió ese camino es porque no se lo atendió”, recalcó.
Finalmente indicó que “el estado debería crear herramientas para evitar estos casos. Brindar trabajo los jefes de familia, educación, viviendas dignas a las familias y una serie de cuestiones que evitarían este tipo de situaciones que viven los niños en situación de riesgo”, concluyó.
MINORIDAD
“Si el chico eligió el camino de la delincuencia es porque no se lo atendió”
Adrián Lofiego es el director de Niñez y Juventud de la comuna. Sobre los menores volcados a la delincuencia en nuestra ciudad, indicó que “si el chico eligió ese camino es porque no se lo atendió. Nosotros detectamos permanentemente que se vulneran sus derechos, no se los contiene y muchas veces esos casos terminan con el menor volcado a la delincuencia”, agregó. En ese sentido pidió que desde el Estado se generen políticas para evitar este tipo de situaciones.
“Nosotros en el Centro de Prevención de los Derechos de la Niñez, detectamos distintos casos de violencia. Violencia, maltrato, físico y psicológico. Esa violencia generalmente proviene del mismo núcleo familiar”, explicó el funcionario.
“Nosotros atendemos permanentemente este tipo de casos y tratamos de trabajar para terminar con estos hechos”, agregó.
“Se vulneran derechos, a ese chico no se lo contiene y muchas veces ese caso termina con el menor volcado a la delincuencia. Si ese chico eligió ese camino es porque no se lo atendió”, recalcó.
Finalmente indicó que “el estado debería crear herramientas para evitar estos casos. Brindar trabajo los jefes de familia, educación, viviendas dignas a las familias y una serie de cuestiones que evitarían este tipo de situaciones que viven los niños en situación de riesgo”, concluyó.
En el Conurbano roban una casa cada 15 minutos y un auto cada 20
http://www.diarioperfil.com.ar/edimp/0323/articulo.php?art=11737&ed=0323
Un informe privado realizado por una consultora especializada en análisis delictivo al que PERFIL tuvo acceso refleja que en la provincia de Buenos Aires el delito es algo más que una simple sensación. Ante la ausencia de cifras oficiales, el relevamiento desprende datos alarmantes: en los primeros quince días de este mes se registraron 6 mil arrebatos callejeros y 2.250 robos en salideras bancarias. Las asociaciones de vecinos que luchan contra la inseguridad y los expertos en el tema coinciden con este duro panorama y reclaman un cambio urgente.
Las cifras oficiales sobre la inseguridad siguen ausentes, pero el delito está en boca de todos, a pesar de que hay quienes se animan a reducirlo sólo a una sensación. Sin embargo, según datos de un informe que una consultora especializada en análisis delictivo realizó para una empresa internacional al que PERFIL tuvo acceso, la primera quincena de diciembre fue una de las más difíciles de sobrellevar para los habitantes del Conurbano bonaerense.
La muerte de Claudio Rosujovsky, el ingeniero miembro del club Macabi al que el 5 de diciembre pasado le dispararon en San Miguel después de robarle su auto y un maletín con dinero. La trágica historia de Juan Domingo Tissera, un repartidor de gaseosas de 35 años que murió después de estar cinco días en coma al ser baleado en un robo el 12 de diciembre en Quilmes. La lista sigue y, según este informe privado, éstos no son casos aislados.
En todo el Conurbano hay un robo a mano armada por hora y un homicidio cada cuatro. Con respecto a los arrebatos callejeros, la cifra es aún peor: en la primera quincena de diciembre se contabilizó uno cada tres minutos y medio
En el Conurbano roban una casa cada 15 minutos y un auto cada 20
Un informe privado realizado por una consultora especializada en análisis delictivo al que PERFIL tuvo acceso refleja que en la provincia de Buenos Aires el delito es algo más que una simple sensación. Ante la ausencia de cifras oficiales, el relevamiento desprende datos alarmantes: en los primeros quince días de este mes se registraron 6 mil arrebatos callejeros y 2.250 robos en salideras bancarias. Las asociaciones de vecinos que luchan contra la inseguridad y los expertos en el tema coinciden con este duro panorama y reclaman un cambio urgente.
Por Erica Sanchez
Tragedia. El velatorio del ingeniero Claudio Rosujovsky, asesinado de un balazo en la espalda en un robo el 5 de diciembre en San Miguel.
Las cifras oficiales sobre la inseguridad siguen ausentes, pero el delito está en boca de todos, a pesar de que hay quienes se animan a reducirlo sólo a una sensación. Sin embargo, según datos de un informe que una consultora especializada en análisis delictivo realizó para una empresa internacional al que PERFIL tuvo acceso, la primera quincena de diciembre fue una de las más difíciles de sobrellevar para los habitantes del Conurbano bonaerense.
La muerte de Claudio Rosujovsky, el ingeniero miembro del club Macabi al que el 5 de diciembre pasado le dispararon en San Miguel después de robarle su auto y un maletín con dinero. La trágica historia de Juan Domingo Tissera, un repartidor de gaseosas de 35 años que murió después de estar cinco días en coma al ser baleado en un robo el 12 de diciembre en Quilmes. La lista sigue y, según este informe privado, éstos no son casos aislados.
En todo el Conurbano hay un robo a mano armada por hora y un homicidio cada cuatro. Con respecto a los arrebatos callejeros, la cifra es aún peor: en la primera quincena de diciembre se contabilizó uno cada tres minutos y medio.
Sigue
Los raids delictivos que protagonizaron Kitu y su banda en la zona norte, en uno de los cuales perdió la vida el ingeniero Ricardo Barrenechea, son un triste ejemplo de los robos a viviendas, que encabezan la lista de delitos más frecuentes. En el informe presentado se habla de que cada 15 minutos hay un asalto a una casa.
“Este año en zona norte aumentó el robo a casas, y esto hace que la gente viva aterrorizada y enrejada. Antes uno se sentía a resguardo en su casa, lamentablemente eso cambió. En los primeros seis meses de este año tuvimos 27 denuncias mientras que en el mismo período del año anterior sólo fueron diez”, explica Stephen Beaumont, presidente del Foro Olivos-La Lucila.
Gastón Schulmeister, especialista en seguridad de la Fundación Pensar, da su propia interpretación de estas cifras: “Tienen que ver con falencias en el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia en su conjunto. Entre las razones de por qué no se difunden las cifras oficiales, pareciera que la inseguridad ha cobrado la suficiente sensibilidad política como para no ser recomendable transparentar la situación ante la sociedad”.
Sin dudas, la publicación de estadísticas oficiales es muy importante para el debate público, sobre todo porque en el último mes ha sido uno de los temas de mayor relevancia para la agenda pública. El jueves pasado, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, salió a cruzar públicamente al ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, quien había dicho que existe un índice de 3,8 o 3,9 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. “No ha habido absolutamente ningún aumento respecto de años anteriores”, negó rotundamente Fernández.
Desde los foros vecinales de seguridad y ONGs también hacen lo suyo para luchar contra el delito, y con esfuerzo elaboran sus propias estadísticas. “Estamos en contacto con más de 130 organizaciones para intercambiar información”, comenta Marta Rodríguez, miembro de Valomi, Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, una ONG de La Matanza.
El informe señala que en el Conurbano en la primera quincena de diciembre se registraron 1.295 robos de autos, 80 secuestros exprés y 150 abusos o violaciones. Las salideras bancarias, que se suceden cada 10 minutos, también son uno de los delitos más denunciados. “Es muy común que la gente salga del banco y le roben. También registramos muchos abusos y violaciones, sobre todo de las trabajadoras que salen temprano y las encuentran en la parada del colectivo”, comenta Rodríguez, y sigue hablando en representación de muchos vecinos: “Lo que está pasando es muy terrible y se debe tomar medidas. La gente no sabe qué hacer frente al delito y, en vez de denunciar, pone cada vez más rejas y se encierra. Espero que los gobernantes hagan algo pronto, porque la situación es alarmante”.
Un informe privado realizado por una consultora especializada en análisis delictivo al que PERFIL tuvo acceso refleja que en la provincia de Buenos Aires el delito es algo más que una simple sensación. Ante la ausencia de cifras oficiales, el relevamiento desprende datos alarmantes: en los primeros quince días de este mes se registraron 6 mil arrebatos callejeros y 2.250 robos en salideras bancarias. Las asociaciones de vecinos que luchan contra la inseguridad y los expertos en el tema coinciden con este duro panorama y reclaman un cambio urgente.
Las cifras oficiales sobre la inseguridad siguen ausentes, pero el delito está en boca de todos, a pesar de que hay quienes se animan a reducirlo sólo a una sensación. Sin embargo, según datos de un informe que una consultora especializada en análisis delictivo realizó para una empresa internacional al que PERFIL tuvo acceso, la primera quincena de diciembre fue una de las más difíciles de sobrellevar para los habitantes del Conurbano bonaerense.
La muerte de Claudio Rosujovsky, el ingeniero miembro del club Macabi al que el 5 de diciembre pasado le dispararon en San Miguel después de robarle su auto y un maletín con dinero. La trágica historia de Juan Domingo Tissera, un repartidor de gaseosas de 35 años que murió después de estar cinco días en coma al ser baleado en un robo el 12 de diciembre en Quilmes. La lista sigue y, según este informe privado, éstos no son casos aislados.
En todo el Conurbano hay un robo a mano armada por hora y un homicidio cada cuatro. Con respecto a los arrebatos callejeros, la cifra es aún peor: en la primera quincena de diciembre se contabilizó uno cada tres minutos y medio
En el Conurbano roban una casa cada 15 minutos y un auto cada 20
Un informe privado realizado por una consultora especializada en análisis delictivo al que PERFIL tuvo acceso refleja que en la provincia de Buenos Aires el delito es algo más que una simple sensación. Ante la ausencia de cifras oficiales, el relevamiento desprende datos alarmantes: en los primeros quince días de este mes se registraron 6 mil arrebatos callejeros y 2.250 robos en salideras bancarias. Las asociaciones de vecinos que luchan contra la inseguridad y los expertos en el tema coinciden con este duro panorama y reclaman un cambio urgente.
Por Erica Sanchez
Tragedia. El velatorio del ingeniero Claudio Rosujovsky, asesinado de un balazo en la espalda en un robo el 5 de diciembre en San Miguel.
Las cifras oficiales sobre la inseguridad siguen ausentes, pero el delito está en boca de todos, a pesar de que hay quienes se animan a reducirlo sólo a una sensación. Sin embargo, según datos de un informe que una consultora especializada en análisis delictivo realizó para una empresa internacional al que PERFIL tuvo acceso, la primera quincena de diciembre fue una de las más difíciles de sobrellevar para los habitantes del Conurbano bonaerense.
La muerte de Claudio Rosujovsky, el ingeniero miembro del club Macabi al que el 5 de diciembre pasado le dispararon en San Miguel después de robarle su auto y un maletín con dinero. La trágica historia de Juan Domingo Tissera, un repartidor de gaseosas de 35 años que murió después de estar cinco días en coma al ser baleado en un robo el 12 de diciembre en Quilmes. La lista sigue y, según este informe privado, éstos no son casos aislados.
En todo el Conurbano hay un robo a mano armada por hora y un homicidio cada cuatro. Con respecto a los arrebatos callejeros, la cifra es aún peor: en la primera quincena de diciembre se contabilizó uno cada tres minutos y medio.
Sigue
Los raids delictivos que protagonizaron Kitu y su banda en la zona norte, en uno de los cuales perdió la vida el ingeniero Ricardo Barrenechea, son un triste ejemplo de los robos a viviendas, que encabezan la lista de delitos más frecuentes. En el informe presentado se habla de que cada 15 minutos hay un asalto a una casa.
“Este año en zona norte aumentó el robo a casas, y esto hace que la gente viva aterrorizada y enrejada. Antes uno se sentía a resguardo en su casa, lamentablemente eso cambió. En los primeros seis meses de este año tuvimos 27 denuncias mientras que en el mismo período del año anterior sólo fueron diez”, explica Stephen Beaumont, presidente del Foro Olivos-La Lucila.
Gastón Schulmeister, especialista en seguridad de la Fundación Pensar, da su propia interpretación de estas cifras: “Tienen que ver con falencias en el funcionamiento del sistema de seguridad y justicia en su conjunto. Entre las razones de por qué no se difunden las cifras oficiales, pareciera que la inseguridad ha cobrado la suficiente sensibilidad política como para no ser recomendable transparentar la situación ante la sociedad”.
Sin dudas, la publicación de estadísticas oficiales es muy importante para el debate público, sobre todo porque en el último mes ha sido uno de los temas de mayor relevancia para la agenda pública. El jueves pasado, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, salió a cruzar públicamente al ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, quien había dicho que existe un índice de 3,8 o 3,9 homicidios dolosos cada 100 mil habitantes. “No ha habido absolutamente ningún aumento respecto de años anteriores”, negó rotundamente Fernández.
Desde los foros vecinales de seguridad y ONGs también hacen lo suyo para luchar contra el delito, y con esfuerzo elaboran sus propias estadísticas. “Estamos en contacto con más de 130 organizaciones para intercambiar información”, comenta Marta Rodríguez, miembro de Valomi, Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador, una ONG de La Matanza.
El informe señala que en el Conurbano en la primera quincena de diciembre se registraron 1.295 robos de autos, 80 secuestros exprés y 150 abusos o violaciones. Las salideras bancarias, que se suceden cada 10 minutos, también son uno de los delitos más denunciados. “Es muy común que la gente salga del banco y le roben. También registramos muchos abusos y violaciones, sobre todo de las trabajadoras que salen temprano y las encuentran en la parada del colectivo”, comenta Rodríguez, y sigue hablando en representación de muchos vecinos: “Lo que está pasando es muy terrible y se debe tomar medidas. La gente no sabe qué hacer frente al delito y, en vez de denunciar, pone cada vez más rejas y se encierra. Espero que los gobernantes hagan algo pronto, porque la situación es alarmante”.
domingo, 21 de diciembre de 2008
REPORTAJE A RAUL ZAFFARONI, MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA
Entre los ecos del fallo de Casación sobre Astiz y Acosta, explica qué pasó y reparte responsabilidades. También habla, con pasión, de los menores encarcelados. Y cuenta por qué se iría de la Corte y después de lograr qué fallos clave.
Raúl Zaffaroni controla la exactitud de sus palabras a medida que habla. Pero trata de no privarse de decir nada. Fuma de a ratos. Se mueve poco.
Con el clima que dejó el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta entre otros tantos, se le hace inevitable un comentario: “Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip, pero no para los pobres tipos”. Por las dilaciones en los juicios que han prolongado la prisión preventiva de los genocidas, responsabiliza al sistema judicial en sí, al propio Tribunal de Casación, a los fiscales y hasta a los querellantes. No descarta, pero tampoco promete, alguna intervención de la Corte que aporte soluciones.
En diálogo con Página/12, además defiende el fallo que impidió la liberación de menores internados en institutos al tiempo que reclamó una reforma del sistema de minoridad. “Si lo declarábamos inconstitucional y liberábamos a los pibes, alimentábamos una brutal campaña de estigmatización de los chicos pobres” que podría, vaticina, terminar en una “masacre”. Dice que hablar de bajar la edad de imputabilidad pretende confundir y aplicar a los menores, bajo un criterio “tutelar”, los mismos castigos que a los adultos pero no las mismas garantías. Existe, señala, una situación inconstitucional que “hay que desmontar”. A su entender, los niños deben ser juzgados en procesos penales que respeten sus derechos.
El juez supremo anuncia que se va a ir de la Corte para volver a la vida académica, “no a la política”, pero no sabe cuándo. Antes quiere firmar el fallo de despenalización de la tenencia de droga para consumo personal y otro sobre matrimonio homosexual.
–¿Acuerda con la excarcelación concedida por la Cámara de Casación a los represores más emblemáticos de la dictadura?
–Voy a tener que opinar seguramente en un fallo, así que por ahora no puedo adelantar mi criterio.
–Pero sí puede opinar sobre las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos, que terminaron convirtiéndose en la justificación de esa liberación por el largo tiempo que los acusados llevan presos sin sentencia. ¿Quién es responsable?
–Tenemos un procedimiento penal horrible, con defectos estructurales, y una tradición burocrática en la Justicia, independientemente de lo cual ha habido demoras conocidas en estas causas, como las de la propia Cámara de Casación. A veces también las querellas interfieren con sus apelaciones.
–Dadas las circunstancias, que podrían anunciar una liberación masiva de genocidas, ¿qué propone hacer? ¿Quién debería actuar?
–En general, no soy partidario de ninguna medida excepcional respecto de estos juicios, en especial de ninguna medida que pueda entenderse o arrojar sombras sobre el respeto al principio del juez natural y del derecho de defensa. Creo que se puede articular una estrategia que depende en buena medida del Ministerio Público (los fiscales) y de que las querellas no formulen pedidos que terminen obstaculizando. Una posibilidad, dado que siempre hay un número grande de hechos y que son concursos reales, sería la de elevar a juicio algunos hechos, juzgarlos y, si corresponde, condenar, sin perjuicio de que la investigación continúe. No es lo mejor, pero puede ser una solución ante el problema de las prisiones preventivas prolongadas. Esto requiere que el Ministerio Público vaya pidiendo elevar a juicio.
–Las dos megacausas sobre crímenes dictatoriales (Primer Cuerpo y ESMA) y sus derivaciones están concentradas en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) y esto fue factor de retardo desde el inicio. Hay cola de juicios esperando. ¿Por qué nunca se hizo nada al respecto? ¿La Corte no va a intervenir?
–Nuestra posibilidad de hacer algo es una cuestión a pensar. La redistribución de causas entre los TOF hay que pensarla también. No tengo un criterio formado al respecto. Lo fundamental, ante hechos suficientemente investigados, es cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio. Son procesos complejos, no se puede esperar.
–¿Cristina Kirchner está presionando al Poder Judicial con sus críticas a la sentencia de Casación?
–La Presidenta es una ciudadana y tiene derecho a criticar los actos de otro poder del Estado, de la misma manera que yo sigo siendo un ciudadano y tengo el mismo derecho a criticar los actos o manifestaciones del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Por lo menos ésa ha sido siempre mi posición. Es parte del juego democrático y no me considero presionado por ninguna crítica. Nunca inhibiré el poder que me da mi ciudadanía negándole a otro el derecho que me reservo. Las críticas hay que escucharlas y resolver en conciencia lo que se considera que es lo mejor para todos los habitantes.
–¿Los tribunales aplican los mismos criterios de excarcelación para los ladrones de gallinas que para los represores?
–Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip. Siempre ha sido así, avanzan para los vip y no para los pobres tipos.
Menores presos
–A simple vista, el reciente fallo con que ustedes impidieron la liberación de los menores presos en institutos coincidió con una nueva andanada de reclamos de mano dura y cárcel para los delincuentes comunes, y más aún si son niños. ¿Fue casual? Lo festejaron los medios más reaccionarios.
–Fue totalmente casual. Se demoró un poco y salió cuando salió porque queríamos sacar un solo voto. Tampoco creo que sea para festejar por parte de los que quieren la baja de la edad de imputabilidad.
–¿Por qué?
–Se está diciendo algo inexacto, a veces por ignorancia, otras por mentira. Hablar de baja en la edad de imputabilidad es un error técnico: nadie se vuelve imputable porque pasó la medianoche. Nuestra legislación excluye a los menores del sistema penal ordinario hasta los 16 años, pero no los vuelve inimputables. Hasta esa edad, el criterio que predomina y que está contra la Constitución es el criterio tutelar. La imputabilidad es una cuestión de capacidad de culpabilidad, que se mide en cada individuo. Alguien puede ser inimputable porque es enfermo mental.
–¿Qué es exactamente el criterio tutelar?
–Se basa en sacar al niño del sistema penal y dejarlo bajo la tutela del Estado, que lo considera incapaz. Como se supone que todo lo que haga el Estado con él será para bien, se deduce que no hará falta un proceso penal acusatorio y que no necesitará las mismas garantías que un adulto en un proceso penal. En la historia, ¿a quiénes se tuteló? A las mujeres, a los niños, a los indios. Mirá cómo les fue. La ideología tutelar es inquisitorial. A mí que no me tutelen, ¡que me juzguen! Esa ideología entró en crisis en los años sesenta en Estados Unidos, donde comenzó. A un pibe de quince años que llamaba por teléfono a la vecina y le decía palabras soeces le aplicaron una medida tutelar hasta los 21 años, mientras que a un adulto le hubieran puesto una multa de algunos dólares. Esto derivó en la declaración de inconstitucionalidad del sistema tutelar y generó un movimiento de rejuridización de los derechos de niños y adolescentes. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluida en nuestra Constitución, estableció que los niños deben tener los mismos derechos y garantías que un adulto. Alguien menor a 16 años es un ciudadano: hay que probar que hizo lo que dicen que hizo. Someterlo a un proceso penal como Dios manda, con derecho de defensa, juez, fiscal y defensor.
–¿Y después, vale cualquier castigo para un menor?
–Por mí que se lo someta a proceso desde el momento de la concepción. Otra cosa son las consecuencias penales. A un niño no se le puede aplicar la misma pena que al adulto. Quienes mienten o hablan por ignorancia citan el ejemplo de Brasil diciendo que allí los niños son imputables desde los 12 años. No, son procesables desde esa edad. Se debe probar qué hicieron. Luego la pena no puede superar los cinco años. El discurso represor dice: “aplíqueles la misma pena que a los adultos”. ¿Qué dice el progresismo, por así llamarlo? “Aplíquele las mismas garantías.” Para compatibilizar la Constitución nacional con la Legislación Positiva (como indica el reciente fallo de la Corte) hay que reformar toda la legislación de niños y adolescentes. Tenemos un régimen tutelar y debemos pasar a un régimen jurídico de garantías. No lo puede hacer la Corte, lo tiene que hacer el Congreso. Tampoco debemos permitir que no haya régimen alguno.
–¿Qué medidas implementaría si se prueba que el menor cometió un delito?
–La institucionalización tiene que ser la última opción, excepcionalísima, y siempre que hayan fracasado otras previas. Antes puede haber medidas de asistencia, supervisión de conducta, familia sustituta o tratamiento si es –-por ejemplo– psicópata. No dejan de ser medidas limitativas de la libertad. Pero no me vengan con que eso es tutelar y se puede hacer sin garantías. Eso es lo inconstitucional que tiene nuestra ley: a los pibes los dejan hasta los 21 años sometidos a medidas, los pueden institucionalizar, y se fue al diablo el derecho a la familia. Porque “tiene errores de conducta”, dice la ley. Mil trescientos chicos institucionalizados en la provincia de Buenos Aires es mucho. Me pregunto si es necesario.
–¿El Estado está en condiciones de ofrecer esas medidas que usted propone?
–Por lo pronto son mucho más baratas que la institucionalización.
–Si la Corte considera que el sistema vigente es inconstitucional, ¿por qué no declaró, precisamente, su inconstitucionalidad?
–Si declaramos la inconstitucionalidad ahora, alimentamos una campaña efebofóbica. Las sentencias de la Corte tienen una repercusión mediática inmediata y nadie puede ignorar que estamos sometidos a una brutal campaña de estigmatización de chicos pobres. Para quienes no se permiten tomar en cuenta datos de realidad, el derecho es pura lógica normativa.
–Pero no eran tantos los menores que hubieran liberado.
–Es cierto que en Capital implicaba liberar a algunos pibes, no muchos. El problema es que lo que digamos sobre la ley federal tendrá valor para las leyes provinciales. Una declaración de inconstitucionalidad hubiera sido seguida por otras válidas para todo el país, donde son más los menores presos. Me preocupan esas leyes provinciales y en especial la situación en la provincia de Buenos Aires, donde hubo declaraciones de funcionarios desconcertados frente a ciertos problemas de inseguridad o cierta publicidad de los problemas de inseguridad, que están buscando como chivos expiatorios a los niños y adolescentes. Cuando la prensa te dice que la mayoría de los homicidios son cometidos por menores de 16 años, miente. En la ciudad de Buenos Aires hay un solo chico procesado por homicidio y la mayoría de los homicidios siguen siendo intrafamiliares y machistas, para no contar los de tránsito.
–¿A qué atribuye esa campaña?
–René Girard dice que cuando en una sociedad se produce una violencia difusa, se la canaliza sobre un chivo expiatorio y se lo aniquila, se comete una masacre y después las víctimas se vuelven sagradas. La campaña contra los pibes es el primer paso para matarlos, el primer escalón del genocidio. No es una opinión, son cosas que la criminología latinoamericana conoce perfectamente. Una declaración de inconstitucionalidad nuestra en este marco inmediatamente iba a servir para que con cualquier pretexto se tendiese alguna trampa a un pibe: le hacen un entre, le ponen un arma nueve milímetros y lo determinan a alguna barbaridad para luego “sorprenderlo” y matarlo en el hecho. A partir de ahí, con amplia cobertura de medios, empieza la masacre bajo la consigna de que la Corte soltó a todos los pibes asesinos y ahora hay que matarlos. Yo en esa no me prendo.
–Usted habla sobre una hipótesis.
–¡Para nada! Es una verificación científica, criminológica. Hace veinte años en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se publicó, en el libro Muertes anunciadas, una investigación que hicimos sobre las ejecuciones policiales en América latina. Allí se describen las reglas del fenómeno, la efebofobia carenciada entre otros. La sociedad se ha olvidado de que aquí, en la ciudad y en el conurbano, las policías post dictadura ejecutaron a más de mil jóvenes en pleno gobierno constitucional, en supuestos “enfrentamientos” ampliamente cubiertos por el “noticiero del 9”, que llegaba antes del hecho, con gran beneplácito disfrazado de alarma por algún famoso comunicador ya fallecido. En 2001 la Suprema Corte bonaerense, con motivo de las denuncias por ejecuciones sin proceso, tuvo que hacer un registro de menores muertos por la policía, después de que el gobernador había lanzado la criminal consigna de “meter bala”.
–¿Es la misma idea que planteó Carmen Argibay al decir que es mejor mantener a los menores institucionalizados porque en la calle los matan?
–A ella la interpretaron mal, como si hubiera que tener a los pibes encerrados para tutelarlos. No, si hay que proteger a alguien no es a los pibes que están encerrados sino a todos los pibes pobres y villeros, que es el estereotipo sobre el cual se está fabricando el chivo expiatorio.
–Muy bien, y cuando están internados, ¿qué garantías hay de que así estarán bien, de que no los maltraten ni maten?
–Ninguna, lo que pasa es que hay un régimen inconstitucional que debe reemplazarse por otro, y nosotros no podemos dejar un vacío.
–Insisto: ustedes dicen que hay un régimen inconstitucional, pero no lo declaran como tal, ni siquiera dan un ultimátum. ¿No es contradictorio?
–Las normas inconstitucionales existen en el mundo y cuando se prolongan en el tiempo, como en este caso, se crean situaciones inconstitucionales. Vivimos en un país donde abundan normas inconstitucionales que crearon múltiples situaciones de inconstitucionalidad. Estamos tratando de desarmarlas, pero eso requiere cuidado. Si se construyó un dique que afecta al medioambiente, la solución no es volarlo e inundar todo. Sin ir más lejos, es fácil verificar que todos los procesos penales en la Argentina son inconstitucionales, porque desde hace 155 años se condena sin participación popular, cuando la Constitución manda que sea con participación. ¿Cuál sería la solución? ¿Declarar la inconstitucionalidad del Código Procesal y liberar a todos los condenados?
Debe y haber
–¿Qué solución propone al problema de los menores en conflicto con la ley?
–Hay que reemplazar el sistema penal de menores por uno que sea constitucional. La acción que terminó en la Corte ha sido muy positiva porque puso la cuestión sobre el tapete y dio la oportunidad de indicarles a los otros poderes la necesidad de pensar un nuevo sistema. Cada poder del Estado debe asumir su responsabilidad. Pero los jueces no podemos sancionar un nuevo código de procedimientos ni un estatuto de niños y adolescentes.
–Si pusieron plazos para limpiar el Riachuelo, ¿por qué no lo hicieron en este tema?
–Por algo simple: si no cumplen, ¿qué hacemos? El ridículo, no.
–El gobierno bonaerense habla de limitar excarcelaciones y apresar a los niños.
–La no excarcelación termina con una sobrepoblación de todos los establecimientos penales, con motines y con muertos. Termina con las comisarías llenas de presos y, por ende, con un debilitamiento notorio del sistema de seguridad, porque la policía tiene que dedicarse a cuidar presos en lugar de salir a la calle a prevenir delitos.
–¿Hacen falta reformas policiales, purgas?
–Con las purgas hay que tener cuidado. Tenés que partir de la policía que hay. No podés dejar al país sin policía mientras hacés otra. Yo creo que hay que separar la función de policía de seguridad de la de investigación criminal, que debería depender de las procuraciones o la Corte o superiores tribunales. Desmilitarizar la organización policial y permitir la sindicalización, dando al policía derechos laborales y dignidad como persona. A través de la sindicalización se crea la conciencia policial. Pagarle mejor y mejorar las condiciones de trabajo. Irnos, además, al modelo de policía comunitaria, con mucho control comunitario, aunque no digo que tengamos el sheriff electo. No hacer lo que los norteamericanos nos dicen que hagamos, pero sí hacer lo que ellos hacen. Tienen 2300 policías: de condado, del estado, federales. Pero mientras se siga jugando a buscar el efecto inmediato, propagandístico y junta votos...
–Es más fácil eso que desmontar todos los negocios del poder y la policía.
–El negocio se empieza desmontando con la sindicalización, y por eso no se la quiere. Desdramaticemos. Hay cosas intolerables, pero hay otras que son fuentes de recaudación. Si la fuente de recaudación se repartiera en forma de pirámide, por lo menos cumpliría una función social. Algo daría a los que están en la base, que corren los peores riesgos. Pero como no se reparte, tampoco cumple esa función. Con la sindicalización lo primero que se exigiría es el reparto piramidal. Eso permitiría ir pasando en blanco las recaudaciones, que vayan dejando el ámbito de lo ilícito.
Raúl Zaffaroni controla la exactitud de sus palabras a medida que habla. Pero trata de no privarse de decir nada. Fuma de a ratos. Se mueve poco.
Con el clima que dejó el fallo de la Cámara de Casación que ordenó liberar a los represores Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta entre otros tantos, se le hace inevitable un comentario: “Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip, pero no para los pobres tipos”. Por las dilaciones en los juicios que han prolongado la prisión preventiva de los genocidas, responsabiliza al sistema judicial en sí, al propio Tribunal de Casación, a los fiscales y hasta a los querellantes. No descarta, pero tampoco promete, alguna intervención de la Corte que aporte soluciones.
En diálogo con Página/12, además defiende el fallo que impidió la liberación de menores internados en institutos al tiempo que reclamó una reforma del sistema de minoridad. “Si lo declarábamos inconstitucional y liberábamos a los pibes, alimentábamos una brutal campaña de estigmatización de los chicos pobres” que podría, vaticina, terminar en una “masacre”. Dice que hablar de bajar la edad de imputabilidad pretende confundir y aplicar a los menores, bajo un criterio “tutelar”, los mismos castigos que a los adultos pero no las mismas garantías. Existe, señala, una situación inconstitucional que “hay que desmontar”. A su entender, los niños deben ser juzgados en procesos penales que respeten sus derechos.
El juez supremo anuncia que se va a ir de la Corte para volver a la vida académica, “no a la política”, pero no sabe cuándo. Antes quiere firmar el fallo de despenalización de la tenencia de droga para consumo personal y otro sobre matrimonio homosexual.
–¿Acuerda con la excarcelación concedida por la Cámara de Casación a los represores más emblemáticos de la dictadura?
–Voy a tener que opinar seguramente en un fallo, así que por ahora no puedo adelantar mi criterio.
–Pero sí puede opinar sobre las demoras en los juicios por violaciones a los derechos humanos, que terminaron convirtiéndose en la justificación de esa liberación por el largo tiempo que los acusados llevan presos sin sentencia. ¿Quién es responsable?
–Tenemos un procedimiento penal horrible, con defectos estructurales, y una tradición burocrática en la Justicia, independientemente de lo cual ha habido demoras conocidas en estas causas, como las de la propia Cámara de Casación. A veces también las querellas interfieren con sus apelaciones.
–Dadas las circunstancias, que podrían anunciar una liberación masiva de genocidas, ¿qué propone hacer? ¿Quién debería actuar?
–En general, no soy partidario de ninguna medida excepcional respecto de estos juicios, en especial de ninguna medida que pueda entenderse o arrojar sombras sobre el respeto al principio del juez natural y del derecho de defensa. Creo que se puede articular una estrategia que depende en buena medida del Ministerio Público (los fiscales) y de que las querellas no formulen pedidos que terminen obstaculizando. Una posibilidad, dado que siempre hay un número grande de hechos y que son concursos reales, sería la de elevar a juicio algunos hechos, juzgarlos y, si corresponde, condenar, sin perjuicio de que la investigación continúe. No es lo mejor, pero puede ser una solución ante el problema de las prisiones preventivas prolongadas. Esto requiere que el Ministerio Público vaya pidiendo elevar a juicio.
–Las dos megacausas sobre crímenes dictatoriales (Primer Cuerpo y ESMA) y sus derivaciones están concentradas en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) y esto fue factor de retardo desde el inicio. Hay cola de juicios esperando. ¿Por qué nunca se hizo nada al respecto? ¿La Corte no va a intervenir?
–Nuestra posibilidad de hacer algo es una cuestión a pensar. La redistribución de causas entre los TOF hay que pensarla también. No tengo un criterio formado al respecto. Lo fundamental, ante hechos suficientemente investigados, es cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio. Son procesos complejos, no se puede esperar.
–¿Cristina Kirchner está presionando al Poder Judicial con sus críticas a la sentencia de Casación?
–La Presidenta es una ciudadana y tiene derecho a criticar los actos de otro poder del Estado, de la misma manera que yo sigo siendo un ciudadano y tengo el mismo derecho a criticar los actos o manifestaciones del Poder Ejecutivo o del Legislativo. Por lo menos ésa ha sido siempre mi posición. Es parte del juego democrático y no me considero presionado por ninguna crítica. Nunca inhibiré el poder que me da mi ciudadanía negándole a otro el derecho que me reservo. Las críticas hay que escucharlas y resolver en conciencia lo que se considera que es lo mejor para todos los habitantes.
–¿Los tribunales aplican los mismos criterios de excarcelación para los ladrones de gallinas que para los represores?
–Las garantías en materia penal siempre avanzan respecto de algún vip. Siempre ha sido así, avanzan para los vip y no para los pobres tipos.
Menores presos
–A simple vista, el reciente fallo con que ustedes impidieron la liberación de los menores presos en institutos coincidió con una nueva andanada de reclamos de mano dura y cárcel para los delincuentes comunes, y más aún si son niños. ¿Fue casual? Lo festejaron los medios más reaccionarios.
–Fue totalmente casual. Se demoró un poco y salió cuando salió porque queríamos sacar un solo voto. Tampoco creo que sea para festejar por parte de los que quieren la baja de la edad de imputabilidad.
–¿Por qué?
–Se está diciendo algo inexacto, a veces por ignorancia, otras por mentira. Hablar de baja en la edad de imputabilidad es un error técnico: nadie se vuelve imputable porque pasó la medianoche. Nuestra legislación excluye a los menores del sistema penal ordinario hasta los 16 años, pero no los vuelve inimputables. Hasta esa edad, el criterio que predomina y que está contra la Constitución es el criterio tutelar. La imputabilidad es una cuestión de capacidad de culpabilidad, que se mide en cada individuo. Alguien puede ser inimputable porque es enfermo mental.
–¿Qué es exactamente el criterio tutelar?
–Se basa en sacar al niño del sistema penal y dejarlo bajo la tutela del Estado, que lo considera incapaz. Como se supone que todo lo que haga el Estado con él será para bien, se deduce que no hará falta un proceso penal acusatorio y que no necesitará las mismas garantías que un adulto en un proceso penal. En la historia, ¿a quiénes se tuteló? A las mujeres, a los niños, a los indios. Mirá cómo les fue. La ideología tutelar es inquisitorial. A mí que no me tutelen, ¡que me juzguen! Esa ideología entró en crisis en los años sesenta en Estados Unidos, donde comenzó. A un pibe de quince años que llamaba por teléfono a la vecina y le decía palabras soeces le aplicaron una medida tutelar hasta los 21 años, mientras que a un adulto le hubieran puesto una multa de algunos dólares. Esto derivó en la declaración de inconstitucionalidad del sistema tutelar y generó un movimiento de rejuridización de los derechos de niños y adolescentes. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, incluida en nuestra Constitución, estableció que los niños deben tener los mismos derechos y garantías que un adulto. Alguien menor a 16 años es un ciudadano: hay que probar que hizo lo que dicen que hizo. Someterlo a un proceso penal como Dios manda, con derecho de defensa, juez, fiscal y defensor.
–¿Y después, vale cualquier castigo para un menor?
–Por mí que se lo someta a proceso desde el momento de la concepción. Otra cosa son las consecuencias penales. A un niño no se le puede aplicar la misma pena que al adulto. Quienes mienten o hablan por ignorancia citan el ejemplo de Brasil diciendo que allí los niños son imputables desde los 12 años. No, son procesables desde esa edad. Se debe probar qué hicieron. Luego la pena no puede superar los cinco años. El discurso represor dice: “aplíqueles la misma pena que a los adultos”. ¿Qué dice el progresismo, por así llamarlo? “Aplíquele las mismas garantías.” Para compatibilizar la Constitución nacional con la Legislación Positiva (como indica el reciente fallo de la Corte) hay que reformar toda la legislación de niños y adolescentes. Tenemos un régimen tutelar y debemos pasar a un régimen jurídico de garantías. No lo puede hacer la Corte, lo tiene que hacer el Congreso. Tampoco debemos permitir que no haya régimen alguno.
–¿Qué medidas implementaría si se prueba que el menor cometió un delito?
–La institucionalización tiene que ser la última opción, excepcionalísima, y siempre que hayan fracasado otras previas. Antes puede haber medidas de asistencia, supervisión de conducta, familia sustituta o tratamiento si es –-por ejemplo– psicópata. No dejan de ser medidas limitativas de la libertad. Pero no me vengan con que eso es tutelar y se puede hacer sin garantías. Eso es lo inconstitucional que tiene nuestra ley: a los pibes los dejan hasta los 21 años sometidos a medidas, los pueden institucionalizar, y se fue al diablo el derecho a la familia. Porque “tiene errores de conducta”, dice la ley. Mil trescientos chicos institucionalizados en la provincia de Buenos Aires es mucho. Me pregunto si es necesario.
–¿El Estado está en condiciones de ofrecer esas medidas que usted propone?
–Por lo pronto son mucho más baratas que la institucionalización.
–Si la Corte considera que el sistema vigente es inconstitucional, ¿por qué no declaró, precisamente, su inconstitucionalidad?
–Si declaramos la inconstitucionalidad ahora, alimentamos una campaña efebofóbica. Las sentencias de la Corte tienen una repercusión mediática inmediata y nadie puede ignorar que estamos sometidos a una brutal campaña de estigmatización de chicos pobres. Para quienes no se permiten tomar en cuenta datos de realidad, el derecho es pura lógica normativa.
–Pero no eran tantos los menores que hubieran liberado.
–Es cierto que en Capital implicaba liberar a algunos pibes, no muchos. El problema es que lo que digamos sobre la ley federal tendrá valor para las leyes provinciales. Una declaración de inconstitucionalidad hubiera sido seguida por otras válidas para todo el país, donde son más los menores presos. Me preocupan esas leyes provinciales y en especial la situación en la provincia de Buenos Aires, donde hubo declaraciones de funcionarios desconcertados frente a ciertos problemas de inseguridad o cierta publicidad de los problemas de inseguridad, que están buscando como chivos expiatorios a los niños y adolescentes. Cuando la prensa te dice que la mayoría de los homicidios son cometidos por menores de 16 años, miente. En la ciudad de Buenos Aires hay un solo chico procesado por homicidio y la mayoría de los homicidios siguen siendo intrafamiliares y machistas, para no contar los de tránsito.
–¿A qué atribuye esa campaña?
–René Girard dice que cuando en una sociedad se produce una violencia difusa, se la canaliza sobre un chivo expiatorio y se lo aniquila, se comete una masacre y después las víctimas se vuelven sagradas. La campaña contra los pibes es el primer paso para matarlos, el primer escalón del genocidio. No es una opinión, son cosas que la criminología latinoamericana conoce perfectamente. Una declaración de inconstitucionalidad nuestra en este marco inmediatamente iba a servir para que con cualquier pretexto se tendiese alguna trampa a un pibe: le hacen un entre, le ponen un arma nueve milímetros y lo determinan a alguna barbaridad para luego “sorprenderlo” y matarlo en el hecho. A partir de ahí, con amplia cobertura de medios, empieza la masacre bajo la consigna de que la Corte soltó a todos los pibes asesinos y ahora hay que matarlos. Yo en esa no me prendo.
–Usted habla sobre una hipótesis.
–¡Para nada! Es una verificación científica, criminológica. Hace veinte años en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos se publicó, en el libro Muertes anunciadas, una investigación que hicimos sobre las ejecuciones policiales en América latina. Allí se describen las reglas del fenómeno, la efebofobia carenciada entre otros. La sociedad se ha olvidado de que aquí, en la ciudad y en el conurbano, las policías post dictadura ejecutaron a más de mil jóvenes en pleno gobierno constitucional, en supuestos “enfrentamientos” ampliamente cubiertos por el “noticiero del 9”, que llegaba antes del hecho, con gran beneplácito disfrazado de alarma por algún famoso comunicador ya fallecido. En 2001 la Suprema Corte bonaerense, con motivo de las denuncias por ejecuciones sin proceso, tuvo que hacer un registro de menores muertos por la policía, después de que el gobernador había lanzado la criminal consigna de “meter bala”.
–¿Es la misma idea que planteó Carmen Argibay al decir que es mejor mantener a los menores institucionalizados porque en la calle los matan?
–A ella la interpretaron mal, como si hubiera que tener a los pibes encerrados para tutelarlos. No, si hay que proteger a alguien no es a los pibes que están encerrados sino a todos los pibes pobres y villeros, que es el estereotipo sobre el cual se está fabricando el chivo expiatorio.
–Muy bien, y cuando están internados, ¿qué garantías hay de que así estarán bien, de que no los maltraten ni maten?
–Ninguna, lo que pasa es que hay un régimen inconstitucional que debe reemplazarse por otro, y nosotros no podemos dejar un vacío.
–Insisto: ustedes dicen que hay un régimen inconstitucional, pero no lo declaran como tal, ni siquiera dan un ultimátum. ¿No es contradictorio?
–Las normas inconstitucionales existen en el mundo y cuando se prolongan en el tiempo, como en este caso, se crean situaciones inconstitucionales. Vivimos en un país donde abundan normas inconstitucionales que crearon múltiples situaciones de inconstitucionalidad. Estamos tratando de desarmarlas, pero eso requiere cuidado. Si se construyó un dique que afecta al medioambiente, la solución no es volarlo e inundar todo. Sin ir más lejos, es fácil verificar que todos los procesos penales en la Argentina son inconstitucionales, porque desde hace 155 años se condena sin participación popular, cuando la Constitución manda que sea con participación. ¿Cuál sería la solución? ¿Declarar la inconstitucionalidad del Código Procesal y liberar a todos los condenados?
Debe y haber
–¿Qué solución propone al problema de los menores en conflicto con la ley?
–Hay que reemplazar el sistema penal de menores por uno que sea constitucional. La acción que terminó en la Corte ha sido muy positiva porque puso la cuestión sobre el tapete y dio la oportunidad de indicarles a los otros poderes la necesidad de pensar un nuevo sistema. Cada poder del Estado debe asumir su responsabilidad. Pero los jueces no podemos sancionar un nuevo código de procedimientos ni un estatuto de niños y adolescentes.
–Si pusieron plazos para limpiar el Riachuelo, ¿por qué no lo hicieron en este tema?
–Por algo simple: si no cumplen, ¿qué hacemos? El ridículo, no.
–El gobierno bonaerense habla de limitar excarcelaciones y apresar a los niños.
–La no excarcelación termina con una sobrepoblación de todos los establecimientos penales, con motines y con muertos. Termina con las comisarías llenas de presos y, por ende, con un debilitamiento notorio del sistema de seguridad, porque la policía tiene que dedicarse a cuidar presos en lugar de salir a la calle a prevenir delitos.
–¿Hacen falta reformas policiales, purgas?
–Con las purgas hay que tener cuidado. Tenés que partir de la policía que hay. No podés dejar al país sin policía mientras hacés otra. Yo creo que hay que separar la función de policía de seguridad de la de investigación criminal, que debería depender de las procuraciones o la Corte o superiores tribunales. Desmilitarizar la organización policial y permitir la sindicalización, dando al policía derechos laborales y dignidad como persona. A través de la sindicalización se crea la conciencia policial. Pagarle mejor y mejorar las condiciones de trabajo. Irnos, además, al modelo de policía comunitaria, con mucho control comunitario, aunque no digo que tengamos el sheriff electo. No hacer lo que los norteamericanos nos dicen que hagamos, pero sí hacer lo que ellos hacen. Tienen 2300 policías: de condado, del estado, federales. Pero mientras se siga jugando a buscar el efecto inmediato, propagandístico y junta votos...
–Es más fácil eso que desmontar todos los negocios del poder y la policía.
–El negocio se empieza desmontando con la sindicalización, y por eso no se la quiere. Desdramaticemos. Hay cosas intolerables, pero hay otras que son fuentes de recaudación. Si la fuente de recaudación se repartiera en forma de pirámide, por lo menos cumpliría una función social. Algo daría a los que están en la base, que corren los peores riesgos. Pero como no se reparte, tampoco cumple esa función. Con la sindicalización lo primero que se exigiría es el reparto piramidal. Eso permitiría ir pasando en blanco las recaudaciones, que vayan dejando el ámbito de lo ilícito.
Está abierta la inscripción para el Registro de Organizaciones de la Comunidad
http://www.0223.com.ar/detalleNoticia.php?idNoticia=17319
20-12-2008 21:56 | La Provincia
Está abierta la inscripción para el Registro de Organizaciones de la Comunidad
El gobierno de la Provincia, mediante la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, convoca a todas las organizaciones de la comunidad que tengan domicilio en su territorio, a inscribirse en el Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC).
El mismo permitirá tener una base de datos exhaustiva de las instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil para propiciar y asistir a su constitución y desarrollo.
Optimizar su funcionamiento y colaborar en la misión de ayuda al bien de la comunidad en su conjunto.
Fundaciones, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, clubes de barrio y otras, deberán estar inscriptas para acceder a los programas, beneficios, capacitaciones, asistencia e interacción permanente con las políticas públicas implementadas por el Estado Provincial.
La difusión, diseño e implementación de mecanismos de información y de participación ciudadana son ejes fundamentales en el accionar de esta Subsecretaría, como así también la atención de los organismos públicos y el diseño de las estrategias a utilizar en las políticas públicas prioritarias.
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20-12-2008 21:56 | La Provincia
Está abierta la inscripción para el Registro de Organizaciones de la Comunidad
El gobierno de la Provincia, mediante la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, convoca a todas las organizaciones de la comunidad que tengan domicilio en su territorio, a inscribirse en el Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad (REPOC).
El mismo permitirá tener una base de datos exhaustiva de las instituciones intermedias y organizaciones de la sociedad civil para propiciar y asistir a su constitución y desarrollo.
Optimizar su funcionamiento y colaborar en la misión de ayuda al bien de la comunidad en su conjunto.
Fundaciones, cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, clubes de barrio y otras, deberán estar inscriptas para acceder a los programas, beneficios, capacitaciones, asistencia e interacción permanente con las políticas públicas implementadas por el Estado Provincial.
La difusión, diseño e implementación de mecanismos de información y de participación ciudadana son ejes fundamentales en el accionar de esta Subsecretaría, como así también la atención de los organismos públicos y el diseño de las estrategias a utilizar en las políticas públicas prioritarias.
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Insólita liberación de un hombre detenido cuando abusaba de su sobrino
http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/Politrib/Noticias/200812212329.html
Un hombre de 35 años fue descubierto en plena vía pública, debajo de una manta, sin ropas. Debajo de él, en una posición de contacto íntimo, estaba su sobrino de 13. La policía lo detuvo, el fiscal confirmó la detención, pero la Justicia de Garantías lo liberó por una cuestión técnica.
La Justicia de Garantías de Mar del Plata ordenó la liberación de un hombre de 35 años que pocas horas antes había sido sorprendido y detenido por personal policial en momentos en que abusaba sexualmente de su sobrino.La insólita medida fue tomada por la jueza de garantías Lucrecia Bustos, quien decidió oponerse de esa manera a lo solicitado por el fiscal Facundo Gómez Urso por una cuestión técnica relacionada con la carátula del delito. El hecho es más grave aún si se considera que el abusador pertenece al entorno de la víctima y que no tiene domicilio fijo, ya que todo el grupo familiar vive en la calle. "El abusador ahora está inhallable, por más que lo salgamos a buscar ya no lo encontramos más", dijo una alta fuente policial con cierta irritación por el fallo judicial.A todo esto debe agregarse que el abuso se produjo en la vía pública y fue denunciado por un transeúnte.De acuerdo a los datos proporcionados por las fuentes consultadas por LA CAPITAL, en horas de la mañana de ayer un hombre que caminaba por el paseo Dávila, que une Punta Iglesia con La Perla, observó que en un sector de la barranca de césped había personas debajo de una manta. Por los movimientos que se veían todo hacia indicar que se trataba de personas manteniendo relaciones sexuales, por lo cual el hombre avisó a la policía. A los pocos segundos llegó un patrullero de la comisaría primera y sus efectivos descendieron para intervenir. La sorpresa llegó cuando uno de los policías pidió a las personas que estaban bajo la lona se "asomaran", y advirtió que se trataba de un hombre y de un menor de 13 años. Los dos tenían los pantalones bajos y con evidentes señales de estar consumando algún tipo de actividad sexual.La policía inmediatamente detuvo al abusador y protegió la integridad del menor y de otro adolescente que también estaba debajo de la lona pero con sus ropas colocadas.Las primeras averiguaciones permitieron a la policía determinar que el sujeto de 35 años era el tío del niño abusado y que conformaban un grupo familiar oriundo del conurbano bonaerense sin domicilio. Posteriormente se supo que vivían en la calle, en el sector costero.Tras la detención, se le dio intervención al fiscal Facundo Gómez Urso, quien de inmediato corroboró la restricción de libertad para el hombre al acusarlo de "abuso sexual gravemente ultrajante" y elevó las actuaciones al juzgado de garantías en turno.Lo insólito fue que la juez Bustos, tras analizar lo actuado por el fiscal Gómez Urso, decidió darle la libertad al abusador por un tecnicismo ya que entendió que no se trataba de un "abuso sexual gravemente ultrajante". Sin embargo, tanto la policía como el fiscal Gómez Urso, actuaron en función del grado de flagrancia de lo sucedido: al abusador lo detuvieron cometiendo el abuso.Pese a que se continúa el proceso judicial en contra del abusador, se lo benefició con la libertad sin que esto, supuestamente, signifique ningún tipo de peligro para la investigación. Vale recordar que el abusador no tiene domicilio y forma parte del grupo familiar del niño abusado.
Un hombre de 35 años fue descubierto en plena vía pública, debajo de una manta, sin ropas. Debajo de él, en una posición de contacto íntimo, estaba su sobrino de 13. La policía lo detuvo, el fiscal confirmó la detención, pero la Justicia de Garantías lo liberó por una cuestión técnica.
La Justicia de Garantías de Mar del Plata ordenó la liberación de un hombre de 35 años que pocas horas antes había sido sorprendido y detenido por personal policial en momentos en que abusaba sexualmente de su sobrino.La insólita medida fue tomada por la jueza de garantías Lucrecia Bustos, quien decidió oponerse de esa manera a lo solicitado por el fiscal Facundo Gómez Urso por una cuestión técnica relacionada con la carátula del delito. El hecho es más grave aún si se considera que el abusador pertenece al entorno de la víctima y que no tiene domicilio fijo, ya que todo el grupo familiar vive en la calle. "El abusador ahora está inhallable, por más que lo salgamos a buscar ya no lo encontramos más", dijo una alta fuente policial con cierta irritación por el fallo judicial.A todo esto debe agregarse que el abuso se produjo en la vía pública y fue denunciado por un transeúnte.De acuerdo a los datos proporcionados por las fuentes consultadas por LA CAPITAL, en horas de la mañana de ayer un hombre que caminaba por el paseo Dávila, que une Punta Iglesia con La Perla, observó que en un sector de la barranca de césped había personas debajo de una manta. Por los movimientos que se veían todo hacia indicar que se trataba de personas manteniendo relaciones sexuales, por lo cual el hombre avisó a la policía. A los pocos segundos llegó un patrullero de la comisaría primera y sus efectivos descendieron para intervenir. La sorpresa llegó cuando uno de los policías pidió a las personas que estaban bajo la lona se "asomaran", y advirtió que se trataba de un hombre y de un menor de 13 años. Los dos tenían los pantalones bajos y con evidentes señales de estar consumando algún tipo de actividad sexual.La policía inmediatamente detuvo al abusador y protegió la integridad del menor y de otro adolescente que también estaba debajo de la lona pero con sus ropas colocadas.Las primeras averiguaciones permitieron a la policía determinar que el sujeto de 35 años era el tío del niño abusado y que conformaban un grupo familiar oriundo del conurbano bonaerense sin domicilio. Posteriormente se supo que vivían en la calle, en el sector costero.Tras la detención, se le dio intervención al fiscal Facundo Gómez Urso, quien de inmediato corroboró la restricción de libertad para el hombre al acusarlo de "abuso sexual gravemente ultrajante" y elevó las actuaciones al juzgado de garantías en turno.Lo insólito fue que la juez Bustos, tras analizar lo actuado por el fiscal Gómez Urso, decidió darle la libertad al abusador por un tecnicismo ya que entendió que no se trataba de un "abuso sexual gravemente ultrajante". Sin embargo, tanto la policía como el fiscal Gómez Urso, actuaron en función del grado de flagrancia de lo sucedido: al abusador lo detuvieron cometiendo el abuso.Pese a que se continúa el proceso judicial en contra del abusador, se lo benefició con la libertad sin que esto, supuestamente, signifique ningún tipo de peligro para la investigación. Vale recordar que el abusador no tiene domicilio y forma parte del grupo familiar del niño abusado.
sábado, 20 de diciembre de 2008
Nadie puede ser sancionado por negarse a que le realicen el test de alcoholemia
http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/LaCiudad/Noticias/200812195120.html
El fallo judicial establece que no comete infracción el conductor que se niega a que le hagan el test de la alcoholemia. La intención de la resolución no es asestar un golpe definitivo a estos procedimientos, sino a que los que lo realicen no cometan desprolijidades y asienten los motivos de por qué los hacen.
Un reciente fallo judicial podría reducir los procedimientos de alcoholemia que realiza de manera continua la Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon junto con la colaboración policial.
A través de esta resolución la Sala 1 de la Cámara Penal decidió "absolver libremente" al conductor de un vehículo que se negó a que le realizaran el correspondiente test a fin de comprobar si se hallaba en estado de ebriedad, ante la sospecha de las autoridades que lo interceptaron en la vía pública, y por tal motivo le labraron la correspondiente acta, consistente en una multa de 1.700 pesos y la prohibición de conducir rodados por el término de 30 días.
Visto de esta forma, se podría pensar que amparándose en este precedente, las autoridades municipales desistirán de seguir realizando este tipo de procedimientos. Sin embargo, si se lee detalladamente el fallo, al margen de que la jueza de primera instancia, Jorgelina Camadro, declarara inconstitucional la medida contenida en el decreto provincial 40/07, las pruebas de alcoholemia pueden continuar haciéndose sin inconvenientes.
Lo censurado por el voto de los jueces de la Cámara Penal, Marcelo Riquert y Ricardo Favarotto no es la realización de este test, sino, por un lado, sancionar la negativa del conductor del vehículo para que le hicieran la prueba con el correspondiente alcoholímetro, arguyendo que "no cumplía con condiciones de higiene" y la "no constancia sobre el motivo" que llevó a detener la marcha de un vehículo que circula normalmente por la vía pública y exigirle al conductor la realización de la alcoholemia.
Es decir que, por un lado, se sanciona con infracción una negativa a hacerse la prueba en cuestión, cosa que es incorrecta, por ese principio constitucional de que nadie puede ser obligado a no hacer lo que la ley no prohíbe. Y en el Código de Tránsito no existe ninguna referencia al respecto.
Pero si en el acta labrada por el personal que realizó la prueba se hubieran descripto los motivos que llevaron a efectuarla, podría quedar como fundamento de la correspondiente decisión. Pero ello tampoco aparece escrito.
Sanción por una falta no cometida
El damnificado por esta situación, reconoció otras dos infracciones cometidas (circular con cédula verde vencida y la falta de la verificación técnica vehicular), pero apeló la medida que le imputaba "conducir con estado de alcoholemia positiva -según el artículo 93 de la Ley Provincial 11.430-", por la sencilla razón de que tal prueba nunca se le realizó, y el acto de infracción se basó en una presunción más que en una certeza.
A fin de argumentar en contra de esta medida, el damnificado sostuvo que "su negativa a realizar la prueba de alcoholemia fue por carecer de garantías de higiene adecuadas".
Según lo describió a continuación: "la pipeta del alcoholímetro no había sido sacada en su presencia del envoltorio cerrado que las contiene".
La Cámara tuvo en cuenta "la existencia de un déficit en el acta de constatación de la infracción", porque "no describe la infracción prohibida ni tampoco efectúa cita normativa específica más allá de una alusión genérica a la Ley de Tránsito".
Y añadió que "a poco de que se realiza un análisis literal de su contenido, no es difícil percibir que se ha labrado un acta infraccionaria por una conducta no prohibida por el Código de Tránsito: "Negarse al test de alcoholemia".
"Que pueda derivarse una fuerte presunción legal de dicha negativa -acotó- no autoriza a asimilarla a la prohibición contenida en la norma, ni menos aún, la convierte en una contravención o infracción autónoma".
Y continuó: "Es decir, no debe confundirse el supuesto de hecho punible -conducir en estado de alcoholemia positiva- con uno de los mecanismos legales establecidos para su comprobación".
"De modo tal -siguió el fallo- que si la sola negativa del examen no constituye la descripción de la conducta sancionada, mal ésta puede considerarse acreditada, cuando ni siquiera se asienta en el acta la explicación o detalle mínimo de la infracción prohibida constatada".
Después se preguntó: "¿Cuál sería la pretendida exigencia del tipo contravencional, seleccionadora y motivadora de comportamientos que se consideran jurídicamente relevantes, desde el punto de vista de la seguridad del tránsito vehicular, si luego puede reprocharse -y sancionarse- una conducta con prescindencia de su adecuada subsunción legal".
Y en cuanto al argumento de que no existe motivación para tal procedimiento, agregó que "tampoco surge la expresión en el acta de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para considerar oportuna o necesaria la realización del test al conductor".
El fallo judicial establece que no comete infracción el conductor que se niega a que le hagan el test de la alcoholemia. La intención de la resolución no es asestar un golpe definitivo a estos procedimientos, sino a que los que lo realicen no cometan desprolijidades y asienten los motivos de por qué los hacen.
Un reciente fallo judicial podría reducir los procedimientos de alcoholemia que realiza de manera continua la Dirección de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon junto con la colaboración policial.
A través de esta resolución la Sala 1 de la Cámara Penal decidió "absolver libremente" al conductor de un vehículo que se negó a que le realizaran el correspondiente test a fin de comprobar si se hallaba en estado de ebriedad, ante la sospecha de las autoridades que lo interceptaron en la vía pública, y por tal motivo le labraron la correspondiente acta, consistente en una multa de 1.700 pesos y la prohibición de conducir rodados por el término de 30 días.
Visto de esta forma, se podría pensar que amparándose en este precedente, las autoridades municipales desistirán de seguir realizando este tipo de procedimientos. Sin embargo, si se lee detalladamente el fallo, al margen de que la jueza de primera instancia, Jorgelina Camadro, declarara inconstitucional la medida contenida en el decreto provincial 40/07, las pruebas de alcoholemia pueden continuar haciéndose sin inconvenientes.
Lo censurado por el voto de los jueces de la Cámara Penal, Marcelo Riquert y Ricardo Favarotto no es la realización de este test, sino, por un lado, sancionar la negativa del conductor del vehículo para que le hicieran la prueba con el correspondiente alcoholímetro, arguyendo que "no cumplía con condiciones de higiene" y la "no constancia sobre el motivo" que llevó a detener la marcha de un vehículo que circula normalmente por la vía pública y exigirle al conductor la realización de la alcoholemia.
Es decir que, por un lado, se sanciona con infracción una negativa a hacerse la prueba en cuestión, cosa que es incorrecta, por ese principio constitucional de que nadie puede ser obligado a no hacer lo que la ley no prohíbe. Y en el Código de Tránsito no existe ninguna referencia al respecto.
Pero si en el acta labrada por el personal que realizó la prueba se hubieran descripto los motivos que llevaron a efectuarla, podría quedar como fundamento de la correspondiente decisión. Pero ello tampoco aparece escrito.
Sanción por una falta no cometida
El damnificado por esta situación, reconoció otras dos infracciones cometidas (circular con cédula verde vencida y la falta de la verificación técnica vehicular), pero apeló la medida que le imputaba "conducir con estado de alcoholemia positiva -según el artículo 93 de la Ley Provincial 11.430-", por la sencilla razón de que tal prueba nunca se le realizó, y el acto de infracción se basó en una presunción más que en una certeza.
A fin de argumentar en contra de esta medida, el damnificado sostuvo que "su negativa a realizar la prueba de alcoholemia fue por carecer de garantías de higiene adecuadas".
Según lo describió a continuación: "la pipeta del alcoholímetro no había sido sacada en su presencia del envoltorio cerrado que las contiene".
La Cámara tuvo en cuenta "la existencia de un déficit en el acta de constatación de la infracción", porque "no describe la infracción prohibida ni tampoco efectúa cita normativa específica más allá de una alusión genérica a la Ley de Tránsito".
Y añadió que "a poco de que se realiza un análisis literal de su contenido, no es difícil percibir que se ha labrado un acta infraccionaria por una conducta no prohibida por el Código de Tránsito: "Negarse al test de alcoholemia".
"Que pueda derivarse una fuerte presunción legal de dicha negativa -acotó- no autoriza a asimilarla a la prohibición contenida en la norma, ni menos aún, la convierte en una contravención o infracción autónoma".
Y continuó: "Es decir, no debe confundirse el supuesto de hecho punible -conducir en estado de alcoholemia positiva- con uno de los mecanismos legales establecidos para su comprobación".
"De modo tal -siguió el fallo- que si la sola negativa del examen no constituye la descripción de la conducta sancionada, mal ésta puede considerarse acreditada, cuando ni siquiera se asienta en el acta la explicación o detalle mínimo de la infracción prohibida constatada".
Después se preguntó: "¿Cuál sería la pretendida exigencia del tipo contravencional, seleccionadora y motivadora de comportamientos que se consideran jurídicamente relevantes, desde el punto de vista de la seguridad del tránsito vehicular, si luego puede reprocharse -y sancionarse- una conducta con prescindencia de su adecuada subsunción legal".
Y en cuanto al argumento de que no existe motivación para tal procedimiento, agregó que "tampoco surge la expresión en el acta de las circunstancias que se tuvieron en cuenta para considerar oportuna o necesaria la realización del test al conductor".
jueves, 18 de diciembre de 2008
Se recibieron casi 13 mil consultas por consumo de drogas
http://www.prensa.gba.gov.ar/nota.php?idnoticia=2688&i=true
Cerca de 13 mil llamados telefónicos se recibieron durante los primeros nueve meses de este año en la línea gratuita Fonodroga, de la subsecretaría de Atención a las Adicciones bonaerense, y el 25 por ciento de esos llamados provinieron de mujeres cuyos hijos son adictos.
La línea telefónica gratuita de Fonodroga 0800 222 5462 atiende las 24 horas y ofrece respuestas para los adictos o familiares de los mismos, sobre el consumo de drogas o alcohol.
Según el relevamiento realizado por la subsecretaría dependiente del Ministerio de Salud bonaerense, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se recibieron 12.700 llamados, el 25 por ciento de los cuales fue realizado por las madres de los consumidores de estupefacientes y el 13 por ciento fueron llamadas de adictos.
El 16,7 por ciento de los llamados correspondieron a consultas sobre el consumo de alcohol, un 12,3 sobre marihuana, 9,7 sobre cocaína, 4,5 de psicofármacos y 3,8 de pasta base o paco.
El 36 por ciento de los llamados de los consumidores fueron hechos por adultos entre 21 y 30 años, en tanto que un 34 por ciento fueron consultas de menores de 21 años, de los cuales un 86 por ciento eran varones.
Fonodroga es atendido por profesionales que brindan contención las 24 horas, todos los días del año, orientando a quienes llaman según la consultan que realizan, con una posterior derivación al Centro Provincial de Atención (CPA) más cercano al domicilio de la persona que realizara el llamado.
Este sistema facilita la consulta porque no exige una identificación formal, respeta el anonimato de quien realiza el llamado y genera un contacto privado que permite profundizar en las razones de la adicción, auspiciando un potencial tratamiento terapéutico con especialistas.
Para conocer más detalles de Fonodroga puede visitarse la página web www.sada.gba.gov.ar o escribir al correo electrónico de la subsecretaría de Atención a las Adicciones fonodroga@sada.gba.gov.ar.
Cerca de 13 mil llamados telefónicos se recibieron durante los primeros nueve meses de este año en la línea gratuita Fonodroga, de la subsecretaría de Atención a las Adicciones bonaerense, y el 25 por ciento de esos llamados provinieron de mujeres cuyos hijos son adictos.
La línea telefónica gratuita de Fonodroga 0800 222 5462 atiende las 24 horas y ofrece respuestas para los adictos o familiares de los mismos, sobre el consumo de drogas o alcohol.
Según el relevamiento realizado por la subsecretaría dependiente del Ministerio de Salud bonaerense, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año se recibieron 12.700 llamados, el 25 por ciento de los cuales fue realizado por las madres de los consumidores de estupefacientes y el 13 por ciento fueron llamadas de adictos.
El 16,7 por ciento de los llamados correspondieron a consultas sobre el consumo de alcohol, un 12,3 sobre marihuana, 9,7 sobre cocaína, 4,5 de psicofármacos y 3,8 de pasta base o paco.
El 36 por ciento de los llamados de los consumidores fueron hechos por adultos entre 21 y 30 años, en tanto que un 34 por ciento fueron consultas de menores de 21 años, de los cuales un 86 por ciento eran varones.
Fonodroga es atendido por profesionales que brindan contención las 24 horas, todos los días del año, orientando a quienes llaman según la consultan que realizan, con una posterior derivación al Centro Provincial de Atención (CPA) más cercano al domicilio de la persona que realizara el llamado.
Este sistema facilita la consulta porque no exige una identificación formal, respeta el anonimato de quien realiza el llamado y genera un contacto privado que permite profundizar en las razones de la adicción, auspiciando un potencial tratamiento terapéutico con especialistas.
Para conocer más detalles de Fonodroga puede visitarse la página web www.sada.gba.gov.ar o escribir al correo electrónico de la subsecretaría de Atención a las Adicciones fonodroga@sada.gba.gov.ar.
El Gobierno salió a contestarle a Stornelli
http://www.eldia.com.ar/edis/20081217/elpais21.htm
"Argentina jamás va a ser un país productor de drogas", aseguró el ministro de Justicia
La posibilidad de que bandas organizadas y cárteles estén produciendo drogas sintéticas en Argentina se convirtió, ayer, en un elemento de discordia entre el gobierno nacional y las autoridades del área de Seguridad de la Provincia, que el lunes pasado habían salido a advertir sobre esta situación.
Ayer, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, desmintió al titular de la cartera de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, en este sentido. "Argentina jamás va a ser un país productor (de drogas) y mucho menos cartelizado", dijo Fernández.
La frase fue ni más ni menos que una respuesta directa a la advertencia que el lunes pasado, en el marco del acto de celebración por el Día del Policía, en la Escuela Juan Vucetich, lanzó Stornelli sobre la posibilidad de que el país ya se haya convertido en sede de fabricación de este tipo de estupefacientes.
"El temor de que la Argentina se convierta en un territorio de producción de drogas sintéticas ya está inquietantemente entre nosotros", dijo el lunes Stornelli, en el marco de un discurso con numerosas referencias a los últimos episodios que revelaron una red de tráfico y distribución de efedrina en la Provincia.
El gobernador Daniel Scioli, en el mismo escenario, también habló del tema. "Estamos dando una lucha cuerpo a cuerpo con los narcotraficantes. No los queremos en la Provincia (...) No producirán aquí lo que luego intentarán vender envenenando a nuestra gente o exportando a otras naciones, vengan de donde vengan, escondidos en un aguantadero u ostentándose en una mansión", dijo.
Pero para Aníbal Fernández, esos pronósticos no se condicen con la realidad. En una entrevista radial, dijo que "ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay van a ser productores jamás, mucho menos cartelizados".
Aunque aclaró que no tiene intención de polemizar con Stornelli, Fernández marcó diferencias con el titular de Seguridad provincial y brindó detalles para sustentar su argumento.
"El intento de la fabricación de la metanfetamina en Argentina fue un atisbo de algún mexicano de los tantos que entran a la Argentina, pero que un grupito de 8 o 10 hayan tenido actitudes delictuales no significa que el ingreso de toda persona de de una determinada ciudadanía se comporta de esa manera", explicó.
En ese sentido, Fernández recordó que "se han tomado medidas que van a impedir la importación de efedrina con lo cual fabricar metanfetamina en nuestro país va a a ser imposible", ya que "si no hay efedrina no se va a poder fabricar".
CIFRAS Y MUERTES
En ese marco, Fernández señaló que en Argentina en los últimos 4 años se produjeron unas 30 muertes relacionadas con el narcotráfico, entre las que mencionó los casos ocurridos en la villa 1.11.14 durante la procesión del Señor de los Milagros, los 3 empresarios de General Rodríguez, y los asesinatos de Unicentener.
Y contrastó estas cifras con la situación en México, donde "en 2007 hubo 2.447 muertes por narcotráfico y en 2008 hubo 5.376 muertes relacionadas con el narcotráfico, de las cuales 943 asesinatos fueron sólo en el mes de noviembre".
Finalmente, remarcó asimismo que "los resultados de decomiso que tenemos a esta altura no los tuvo nunca este país, y la detención de cabecillas como tiene Argentina en los últimos 3 años no los tuvo nunca en su historia".
SICILIANA
La policía italiana desmanteló una red de tráfico de cocaína que involucra a nuestro país y la mafia siciliana, al término de una investigación de dos años que ha conllevado además la ejecución de 25 órdenes de arresto, entre ellos el de un argentino
"Argentina jamás va a ser un país productor de drogas", aseguró el ministro de Justicia
La posibilidad de que bandas organizadas y cárteles estén produciendo drogas sintéticas en Argentina se convirtió, ayer, en un elemento de discordia entre el gobierno nacional y las autoridades del área de Seguridad de la Provincia, que el lunes pasado habían salido a advertir sobre esta situación.
Ayer, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, desmintió al titular de la cartera de Seguridad provincial, Carlos Stornelli, en este sentido. "Argentina jamás va a ser un país productor (de drogas) y mucho menos cartelizado", dijo Fernández.
La frase fue ni más ni menos que una respuesta directa a la advertencia que el lunes pasado, en el marco del acto de celebración por el Día del Policía, en la Escuela Juan Vucetich, lanzó Stornelli sobre la posibilidad de que el país ya se haya convertido en sede de fabricación de este tipo de estupefacientes.
"El temor de que la Argentina se convierta en un territorio de producción de drogas sintéticas ya está inquietantemente entre nosotros", dijo el lunes Stornelli, en el marco de un discurso con numerosas referencias a los últimos episodios que revelaron una red de tráfico y distribución de efedrina en la Provincia.
El gobernador Daniel Scioli, en el mismo escenario, también habló del tema. "Estamos dando una lucha cuerpo a cuerpo con los narcotraficantes. No los queremos en la Provincia (...) No producirán aquí lo que luego intentarán vender envenenando a nuestra gente o exportando a otras naciones, vengan de donde vengan, escondidos en un aguantadero u ostentándose en una mansión", dijo.
Pero para Aníbal Fernández, esos pronósticos no se condicen con la realidad. En una entrevista radial, dijo que "ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay van a ser productores jamás, mucho menos cartelizados".
Aunque aclaró que no tiene intención de polemizar con Stornelli, Fernández marcó diferencias con el titular de Seguridad provincial y brindó detalles para sustentar su argumento.
"El intento de la fabricación de la metanfetamina en Argentina fue un atisbo de algún mexicano de los tantos que entran a la Argentina, pero que un grupito de 8 o 10 hayan tenido actitudes delictuales no significa que el ingreso de toda persona de de una determinada ciudadanía se comporta de esa manera", explicó.
En ese sentido, Fernández recordó que "se han tomado medidas que van a impedir la importación de efedrina con lo cual fabricar metanfetamina en nuestro país va a a ser imposible", ya que "si no hay efedrina no se va a poder fabricar".
CIFRAS Y MUERTES
En ese marco, Fernández señaló que en Argentina en los últimos 4 años se produjeron unas 30 muertes relacionadas con el narcotráfico, entre las que mencionó los casos ocurridos en la villa 1.11.14 durante la procesión del Señor de los Milagros, los 3 empresarios de General Rodríguez, y los asesinatos de Unicentener.
Y contrastó estas cifras con la situación en México, donde "en 2007 hubo 2.447 muertes por narcotráfico y en 2008 hubo 5.376 muertes relacionadas con el narcotráfico, de las cuales 943 asesinatos fueron sólo en el mes de noviembre".
Finalmente, remarcó asimismo que "los resultados de decomiso que tenemos a esta altura no los tuvo nunca este país, y la detención de cabecillas como tiene Argentina en los últimos 3 años no los tuvo nunca en su historia".
SICILIANA
La policía italiana desmanteló una red de tráfico de cocaína que involucra a nuestro país y la mafia siciliana, al término de una investigación de dos años que ha conllevado además la ejecución de 25 órdenes de arresto, entre ellos el de un argentino
miércoles, 17 de diciembre de 2008
Los multaron por permitir que sus hijos tomaran alcohol
http://www.infobae.com/contenidos/421291-101098-0-Los-multaron-permitir-que-sus-hijos-tomaran-alcohol
Los padres de los alumnos de quinto año de una escuela secundaria de Villa Mercedes, San Luis, fueron condenados por la Justicia de Faltas a pagar 2.000 pesos de multa porque en la fiesta de despedida a los compañeros de sexto permitieron que sus hijos consumieran alcohol.
"Se ha constatado que hubo un notable consumo de alcohol", dijo en su fallo la jueza de Faltas Municipal, Ruth Gutiérrez Barros de Mezzano, al referirse a la fiesta que tuvo lugar en la madrugada del 30 de noviembre último, en el Centro de Destreza Criolla de esa ciudad puntana, para despedir a los alumnos de sexto año de la Escuela Normal Juan Llerena.
En el lugar de la fiesta se encontraron 125 envases de cerveza, tres de vodka, seis aperitivos y tres de fernet vacíos, razón que llevó a la jueza a condenar a los padres por haber permitido a los menores el consumo de alcohol.
Además, fueron encontradas 73 botellas de cervezas llenas y otras bebidas que no se habían sido consumidas.
De acuerdo con las advertencias que había hecho el municipio mercedino con anterioridad, la fiesta debía realizarse "sin expendio ni consumo de bebidas alcohólicas, tanto para mayores como para menores", según quedó acreditado en un expediente.
Entre los fundamentos de su resolución, la jueza aludió a la ordenanza número 107 del año 2006, que establece como conducta punible "facilitar la embriaguez de otro, cualquiera fuera la edad".
Los padres de los alumnos de quinto año de una escuela secundaria de Villa Mercedes, San Luis, fueron condenados por la Justicia de Faltas a pagar 2.000 pesos de multa porque en la fiesta de despedida a los compañeros de sexto permitieron que sus hijos consumieran alcohol.
"Se ha constatado que hubo un notable consumo de alcohol", dijo en su fallo la jueza de Faltas Municipal, Ruth Gutiérrez Barros de Mezzano, al referirse a la fiesta que tuvo lugar en la madrugada del 30 de noviembre último, en el Centro de Destreza Criolla de esa ciudad puntana, para despedir a los alumnos de sexto año de la Escuela Normal Juan Llerena.
En el lugar de la fiesta se encontraron 125 envases de cerveza, tres de vodka, seis aperitivos y tres de fernet vacíos, razón que llevó a la jueza a condenar a los padres por haber permitido a los menores el consumo de alcohol.
Además, fueron encontradas 73 botellas de cervezas llenas y otras bebidas que no se habían sido consumidas.
De acuerdo con las advertencias que había hecho el municipio mercedino con anterioridad, la fiesta debía realizarse "sin expendio ni consumo de bebidas alcohólicas, tanto para mayores como para menores", según quedó acreditado en un expediente.
Entre los fundamentos de su resolución, la jueza aludió a la ordenanza número 107 del año 2006, que establece como conducta punible "facilitar la embriaguez de otro, cualquiera fuera la edad".
Con tan sólo 5 años, declaró por pegarle a su tía
http://www.infobae.com/contenidos/421330-100884-0-Con-tan-sólo-5-años-declaró-pegarle-su-tía
Un niño de apenas cinco años ha tenido que comparecer en audiencia pública ante un juez del Tribunal Correccional de El Menea, en la provincia de Ghardaia (sur de Argelia), por golpear y herir a una tía suya, informaron hoy fuentes judiciales.
Esta es la primera vez en los anales de la Justicia argelina que ocurre algo así y su protagonista es Guettaf Oussama, perseguido judicialmente por golpear y herir voluntariamente a su tía paterna.
La mujer denunció estos hechos, por lo que el niño recibió una convocatoria a su nombre y fue interrogado por la Policía Judicial.
Acompañado de su abogado y de sus padres, el pequeño fue llamado hace dos días al estrado por el juez para responder a las acusaciones en su contra, pero no entendió absolutamente nada de lo que ocurría a su alrededor.
Ante las preguntas del magistrado, el pequeño no hizo más que mirar a su alrededor, hasta que rompió en llanto.
Una vez concluido el proceso, el juez reprobó la actitud del niño y condenó a sus padres a pagar las costas judiciales.
Un niño de apenas cinco años ha tenido que comparecer en audiencia pública ante un juez del Tribunal Correccional de El Menea, en la provincia de Ghardaia (sur de Argelia), por golpear y herir a una tía suya, informaron hoy fuentes judiciales.
Esta es la primera vez en los anales de la Justicia argelina que ocurre algo así y su protagonista es Guettaf Oussama, perseguido judicialmente por golpear y herir voluntariamente a su tía paterna.
La mujer denunció estos hechos, por lo que el niño recibió una convocatoria a su nombre y fue interrogado por la Policía Judicial.
Acompañado de su abogado y de sus padres, el pequeño fue llamado hace dos días al estrado por el juez para responder a las acusaciones en su contra, pero no entendió absolutamente nada de lo que ocurría a su alrededor.
Ante las preguntas del magistrado, el pequeño no hizo más que mirar a su alrededor, hasta que rompió en llanto.
Una vez concluido el proceso, el juez reprobó la actitud del niño y condenó a sus padres a pagar las costas judiciales.
El Gobierno de la Provincia entregó alcoholímetros a 11 municipios
http://www.portalba.com.ar/noticia.php?idS=7&idN=2226
PortalBA-. El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, firmó una serie de convenios entre la Jefatura de Gabinete y municipios de la Provincia con el fin de sumarlos al Plan Provincial de Seguridad Vial, al Sistema Centralizado de Licencias de Conducir y al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol.
“Lo importante es trabajar conjuntamente con la Nación y con cada municipio en materia de seguridad vial. Con esta serie de acciones buscamos reducir los siniestros viales en toda la Provincia” afirmó Alberto Pérez.
Los intendentes de General Belgrano, General Paz, La Plata, Marcos Paz, Pila, Rauch, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Miguel del Monte, San Nicolás, y San Pedro firmaron un convenio con la Provincia por el cual los municipios implementarán el nuevo sistema centralizado de licencias de conducir.
También adhirieron a este sistema los partidos bonaerenses de Alberti, Ayacucho, Balcarce, General Madariaga, Ituzaingó, Maipú, Marcos Paz, Roque Pérez, Saladillo y Salto. El Nuevo Sistema de Licencias de Conducir combina dos aspectos que son el control online de los antecedentes del conductor con la base de datos del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y la seguridad de la emisión de la licencia, que cuenta con 32 medidas de seguridad.
Además, autoridades de 11 distritos del Conurbano bonaerense adhirieron al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol que tiene como objeto generar acciones de prevención de siniestros, a través de controles de alcoholemia coordinados entre los diversos municipios, a lo largo de las arterias principales de la Provincia. Se sumaron a este Programa los municipios de San Fernando, Vicente López, San Isidro, Merlo, Tigre, Ituzaingó, Moreno, Morón, La Matanza, Presidente Perón y San Vicente que recibieron de parte de la Provincia un alcoholímetro que utilizarán en operativos coordinados a partir de estas fiestas, para disuadir, controlar ysancionar a quienes no cumplan con los límites de consumo de alcohol al conducir.
Por otra parte, se presentó el Nuevo Manual de Conductor de la Provincia de Buenos Aires, elaborado en conjunto entre el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, a través del RUIT y la Facultad de Arquitectura, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón.
PortalBA-. El jefe de Gabinete, Alberto Pérez, firmó una serie de convenios entre la Jefatura de Gabinete y municipios de la Provincia con el fin de sumarlos al Plan Provincial de Seguridad Vial, al Sistema Centralizado de Licencias de Conducir y al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol.
“Lo importante es trabajar conjuntamente con la Nación y con cada municipio en materia de seguridad vial. Con esta serie de acciones buscamos reducir los siniestros viales en toda la Provincia” afirmó Alberto Pérez.
Los intendentes de General Belgrano, General Paz, La Plata, Marcos Paz, Pila, Rauch, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Miguel del Monte, San Nicolás, y San Pedro firmaron un convenio con la Provincia por el cual los municipios implementarán el nuevo sistema centralizado de licencias de conducir.
También adhirieron a este sistema los partidos bonaerenses de Alberti, Ayacucho, Balcarce, General Madariaga, Ituzaingó, Maipú, Marcos Paz, Roque Pérez, Saladillo y Salto. El Nuevo Sistema de Licencias de Conducir combina dos aspectos que son el control online de los antecedentes del conductor con la base de datos del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y la seguridad de la emisión de la licencia, que cuenta con 32 medidas de seguridad.
Además, autoridades de 11 distritos del Conurbano bonaerense adhirieron al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol que tiene como objeto generar acciones de prevención de siniestros, a través de controles de alcoholemia coordinados entre los diversos municipios, a lo largo de las arterias principales de la Provincia. Se sumaron a este Programa los municipios de San Fernando, Vicente López, San Isidro, Merlo, Tigre, Ituzaingó, Moreno, Morón, La Matanza, Presidente Perón y San Vicente que recibieron de parte de la Provincia un alcoholímetro que utilizarán en operativos coordinados a partir de estas fiestas, para disuadir, controlar ysancionar a quienes no cumplan con los límites de consumo de alcohol al conducir.
Por otra parte, se presentó el Nuevo Manual de Conductor de la Provincia de Buenos Aires, elaborado en conjunto entre el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, a través del RUIT y la Facultad de Arquitectura, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón.
Recrear bonaerense se integra al espacio que conduce De Narváez
http://www.parlamentario.com/noticia-19431.html
Sergio Nahabetian, presidente de Recrear provincia de Buenos Aires, y Francisco De Narváez anunciaron hoy, en la legislatura provincial, que comenzarán a trabajar juntos para ofrecer una “alternativa que pueda gobernar” el principal distrito de la República.
El diputado provincial Sergio Nahabetian informó hoy oficialmente y en conferencia de prensa junto a De Narváez y el diputado del bloque Unión Celeste y Blanco, Ramiro Gutiérrez, que la “junta bonaerense de Recrear determinó avanzar en la integración al espacio que conduce” el diputado nacional y aclaró que “mientras otros espacios políticos buscan la pata peronista” ellos han decidido “integrarse a un espacios que es el peronismo que debe ser”.
El acto contó con la participación de varios dirigentes de Recrear de distintos, dirigentes que en la mayoría de los casos ocupan bancas en los concejos deliberantes de distritos del conurbano; del dirigente Alfredo Atanasoff, Rito Basualdo, Gustavo Ferri y Santiago Tonelli.
“Nosotros no nos estamos preparando para ganar una elección, nos estamos preparando para gobernar la provincia de Buenos Aires” aseguró Francisco De Narváez mientras confesó que “sueña con esa provincia que sea el motor de la Argentina”.
El diputado nacional que ya está próximo a radicarse en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, expresó que quiere “ministros de la provincia” ante un actual gabinete sciolistas plagado de funcionarios que no reconocen pasado provincial y reclamó que, como bonaerenses, “tenemos un rol protagónico que cumplir, no dejemos que nos traten como un padrón de 10 millones de votos, somos 16 millones de ciudadanos bonaerenses”.
También anunciaron que el próximo viernes, en la ciudad de Mar del Plata, el espacio reunirá a todos los dirigentes de la provincia, a razón de cinco por distrito, y a los grupos autónomos aliados, como es el caso de Recrear ahora, y la CGT que lidera Luis Barrionuevo.
Sergio Nahabetian, presidente de Recrear provincia de Buenos Aires, y Francisco De Narváez anunciaron hoy, en la legislatura provincial, que comenzarán a trabajar juntos para ofrecer una “alternativa que pueda gobernar” el principal distrito de la República.
El diputado provincial Sergio Nahabetian informó hoy oficialmente y en conferencia de prensa junto a De Narváez y el diputado del bloque Unión Celeste y Blanco, Ramiro Gutiérrez, que la “junta bonaerense de Recrear determinó avanzar en la integración al espacio que conduce” el diputado nacional y aclaró que “mientras otros espacios políticos buscan la pata peronista” ellos han decidido “integrarse a un espacios que es el peronismo que debe ser”.
El acto contó con la participación de varios dirigentes de Recrear de distintos, dirigentes que en la mayoría de los casos ocupan bancas en los concejos deliberantes de distritos del conurbano; del dirigente Alfredo Atanasoff, Rito Basualdo, Gustavo Ferri y Santiago Tonelli.
“Nosotros no nos estamos preparando para ganar una elección, nos estamos preparando para gobernar la provincia de Buenos Aires” aseguró Francisco De Narváez mientras confesó que “sueña con esa provincia que sea el motor de la Argentina”.
El diputado nacional que ya está próximo a radicarse en la capital de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, expresó que quiere “ministros de la provincia” ante un actual gabinete sciolistas plagado de funcionarios que no reconocen pasado provincial y reclamó que, como bonaerenses, “tenemos un rol protagónico que cumplir, no dejemos que nos traten como un padrón de 10 millones de votos, somos 16 millones de ciudadanos bonaerenses”.
También anunciaron que el próximo viernes, en la ciudad de Mar del Plata, el espacio reunirá a todos los dirigentes de la provincia, a razón de cinco por distrito, y a los grupos autónomos aliados, como es el caso de Recrear ahora, y la CGT que lidera Luis Barrionuevo.
Piden coordinar la lucha contra la inseguridad
http://www.parlamentario.com/noticia-19422.html
Reclamo legislativo a la Nación, ante el incremento del delito en la provincia de Buenos Aires.
El presidente del bloque FpV-PJ de la Cámara baja bonaerense, Raúl Pérez, pidió que el Gobierno nacional intervenga para ayudar a poner coto al incremento delictivo en territorio bonaerense.
Así las cosas, reclamó que el Poder Ejecutivo Nacional "coordine un programa Nacional de inclusión para encarar una lucha concreta contra la inseguridad".
Pérez dijo que "así como se involucró en debates en torno al mantenimiento del empleo, en el sostenimiento del salario y del consumo, creo que el gobierno nacional debe hacer una convocatoria a los gobernadores y al gobierno porteño, y armar un comité de seguridad en cada conglomerado urbano y un programa de inclusión social muy fuerte con el tema menores".
En diálogo con periodistas, el diputado bonaerense dijo que hace falta en la Argentina "coordinar una lucha concreta contra la inseguridad", y planteó la posibilidad de articular políticas con todas las provincias a través del gobierno nacional "para lograr mayor tranquilidad pública", especialmente en los grandes centros urbanos como Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, el conurbano bonaerense, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Reclamo legislativo a la Nación, ante el incremento del delito en la provincia de Buenos Aires.
El presidente del bloque FpV-PJ de la Cámara baja bonaerense, Raúl Pérez, pidió que el Gobierno nacional intervenga para ayudar a poner coto al incremento delictivo en territorio bonaerense.
Así las cosas, reclamó que el Poder Ejecutivo Nacional "coordine un programa Nacional de inclusión para encarar una lucha concreta contra la inseguridad".
Pérez dijo que "así como se involucró en debates en torno al mantenimiento del empleo, en el sostenimiento del salario y del consumo, creo que el gobierno nacional debe hacer una convocatoria a los gobernadores y al gobierno porteño, y armar un comité de seguridad en cada conglomerado urbano y un programa de inclusión social muy fuerte con el tema menores".
En diálogo con periodistas, el diputado bonaerense dijo que hace falta en la Argentina "coordinar una lucha concreta contra la inseguridad", y planteó la posibilidad de articular políticas con todas las provincias a través del gobierno nacional "para lograr mayor tranquilidad pública", especialmente en los grandes centros urbanos como Santa Fe, Córdoba, Capital Federal, el conurbano bonaerense, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca.
Acuerda la Provincia plan de seguridad para la Costa
http://www.notibonaerense.com/notas.aspx?idn=39013&ffo=20081217
El ministro Stornelli se reunió con intendentes de la quinta sección electoral para exponer el programa del operativo sol, que comenzará el 19 de diciembre
El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, se reunió con intendentes de la quinta sección electoral para exponer el Plan Director de Seguridad, que se desplegará en la temporada de verano, en el marco del operativo sol 2008-2009.
El operativo de la Policía bonaerense en la Costa Atlántica comenzará el 19 de diciembre. En ese contexto, este miércoles arribaron al Partido de la Costa unos 25 automóviles que prestarán servicios y que, tras la temporada, quedarán a disposición de la Departamental del Partido de la Costa.
Stornelli anunció que más de 1.200 policías serán destinados para la Departamental, de los cuales alrededor de 100 efectivos pertenecen al grupo de narcocriminalidad e investigaciones complejas. Además se fortalecerá el sistema de cuadrículas, habrá puestos fijos de seguridad en los accesos a las localidades y sectores estratégicos, como también, puntos móviles a lo largo de los 96 kilómetros que comprende el partido.
La Municipalidad de La Costa contratará 70 refuerzos para cumplir horas adicionales en el marco del Sistema Municipal de Seguridad que cuenta con una sala de situación que funciona en el Palacio Municipal, desde dónde se monitorean imágenes de video, líneas telefónicas y sistemas de radio.
El sistema de patrullaje está compuesto por unidades que tienen seguimiento satelital y puede verse su ubicación en cualquier momento del día, mediante el sistema GPS. El Plan Municipal de Seguridad se complementa con un sistema de cámaras de video que han sido instaladas en todos los establecimientos públicos: escuelas, hospitales y centros comunitarios.
El ministro Stornelli se reunió con intendentes de la quinta sección electoral para exponer el programa del operativo sol, que comenzará el 19 de diciembre
El ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli, se reunió con intendentes de la quinta sección electoral para exponer el Plan Director de Seguridad, que se desplegará en la temporada de verano, en el marco del operativo sol 2008-2009.
El operativo de la Policía bonaerense en la Costa Atlántica comenzará el 19 de diciembre. En ese contexto, este miércoles arribaron al Partido de la Costa unos 25 automóviles que prestarán servicios y que, tras la temporada, quedarán a disposición de la Departamental del Partido de la Costa.
Stornelli anunció que más de 1.200 policías serán destinados para la Departamental, de los cuales alrededor de 100 efectivos pertenecen al grupo de narcocriminalidad e investigaciones complejas. Además se fortalecerá el sistema de cuadrículas, habrá puestos fijos de seguridad en los accesos a las localidades y sectores estratégicos, como también, puntos móviles a lo largo de los 96 kilómetros que comprende el partido.
La Municipalidad de La Costa contratará 70 refuerzos para cumplir horas adicionales en el marco del Sistema Municipal de Seguridad que cuenta con una sala de situación que funciona en el Palacio Municipal, desde dónde se monitorean imágenes de video, líneas telefónicas y sistemas de radio.
El sistema de patrullaje está compuesto por unidades que tienen seguimiento satelital y puede verse su ubicación en cualquier momento del día, mediante el sistema GPS. El Plan Municipal de Seguridad se complementa con un sistema de cámaras de video que han sido instaladas en todos los establecimientos públicos: escuelas, hospitales y centros comunitarios.
Municipios firman convenios por la Seguridad Vial
http://www.notibonaerense.com/notas.aspx?idn=39022&ffo=20081217
Adhirieron al Plan Provincial y al Sistema Centralizado de Licencias de Conducir, así como al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol
La Provincia firmó este miércoles una serie de convenios con diferentes municipios, a fin de sumarlos al Plan Provincial de Seguridad Vial, al Sistema Centralizado de Licencias de Conducir y al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol.
Los intendentes de General Belgrano, General Paz, La Plata, Marcos Paz, Pila, Rauch, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Miguel del Monte, San Nicolás, y San Pedro firmaron el acuerdo en la Jefatura de Gabinete, junto a las adhesiones de los partidos bonaerenses de Alberti, Ayacucho, Balcarce, General Madariaga, Ituzaingó, Maipú, Marcos Paz, Roque Pérez, Saladillo y Salto. El Nuevo Sistema de Licencias de Conducir combina dos aspectos que son el control online de los antecedentes del conductor con la base de datos del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y la seguridad de la emisión de la licencia, que cuenta con 32 medidas de seguridad.
Además, autoridades de 11 distritos del Conurbano bonaerense adhirieron al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol que tiene como objeto generar acciones de prevención de siniestros, a través de controles de alcoholemia coordinados entre los diversos municipios, a lo largo de las arterias principales de la Provincia. Se sumaron a este Programa los municipios de San Fernando, Vicente López, San Isidro, Merlo, Tigre, Ituzaingó, Moreno, Morón, La Matanza, Presidente Perón y San Vicente que recibieron de parte de la Provincia un alcoholímetro que utilizarán en
operativos coordinados a partir de estas fiestas, para disuadir, controlar y sancionar a quienes no cumplan con los límites de consumo de alcohol al conducir.
Por otra parte, se presentó el Nuevo Manual de Conductor de la Provincia de Buenos Aires, elaborado en conjunto entre el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, a través del RUIT y la Facultad de Arquitectura, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón.
Adhirieron al Plan Provincial y al Sistema Centralizado de Licencias de Conducir, así como al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol
La Provincia firmó este miércoles una serie de convenios con diferentes municipios, a fin de sumarlos al Plan Provincial de Seguridad Vial, al Sistema Centralizado de Licencias de Conducir y al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol.
Los intendentes de General Belgrano, General Paz, La Plata, Marcos Paz, Pila, Rauch, Roque Pérez, San Andrés de Giles, San Miguel del Monte, San Nicolás, y San Pedro firmaron el acuerdo en la Jefatura de Gabinete, junto a las adhesiones de los partidos bonaerenses de Alberti, Ayacucho, Balcarce, General Madariaga, Ituzaingó, Maipú, Marcos Paz, Roque Pérez, Saladillo y Salto. El Nuevo Sistema de Licencias de Conducir combina dos aspectos que son el control online de los antecedentes del conductor con la base de datos del Registro Único de Infractores de Tránsito (RUIT) y la seguridad de la emisión de la licencia, que cuenta con 32 medidas de seguridad.
Además, autoridades de 11 distritos del Conurbano bonaerense adhirieron al Programa Corredores Viales Libres de Alcohol que tiene como objeto generar acciones de prevención de siniestros, a través de controles de alcoholemia coordinados entre los diversos municipios, a lo largo de las arterias principales de la Provincia. Se sumaron a este Programa los municipios de San Fernando, Vicente López, San Isidro, Merlo, Tigre, Ituzaingó, Moreno, Morón, La Matanza, Presidente Perón y San Vicente que recibieron de parte de la Provincia un alcoholímetro que utilizarán en
operativos coordinados a partir de estas fiestas, para disuadir, controlar y sancionar a quienes no cumplan con los límites de consumo de alcohol al conducir.
Por otra parte, se presentó el Nuevo Manual de Conductor de la Provincia de Buenos Aires, elaborado en conjunto entre el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, a través del RUIT y la Facultad de Arquitectura, Arte y Urbanismo de la Universidad de Morón.
Aníbal Fernández cuestionó a De Narváez por hacer “política del miedo”
http://www.notibonaerense.com/notas.aspx?idn=38981&ffo=20081217
El ministro de Justicia y Seguridad de la Nación advirtió que los dichos del diputado nacional bonaerense hacen que se “sobredimensione" la inseguridad. Volvió a contradecir a Stornelli
El ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el nivel de hechos delictivos "se mantuvo en los últimos años", y cuestionó a los "sectores" que intentan hacer campañas políticas "con el miedo de la gente", en referencia al diputado Francisco De Narváez
Además, Fernández insistió en que "en la Argentina nunca se producirán drogas", saliendo al cruce de afirmaciones que había hecho días atrás el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli.
El ministro descartó que se haya registrado un aumento en la cantidad de homicidios, y
precisó que existen "3,9 asesinatos por cada 100 mil habitantes". "No se registró un aumento en el nivel de delitos graves en la Argentina", sostuvo.
Además, ratificó que hay "sectores" que pretenden hacer campañas políticas con "el miedo de la gente" y, al respecto, apuntó contra las advertencias del diputado nacional bonaerense Francisco De Narváez sobre un supuesto aumento de delitos.
"Está logrando que se sobredimensione" el tema, aseguró Fernández, por lo que instó a "hacerse cargo de la actitud irresponsable que tiene con esto". Al respecto, el ministro afirmó que De Narváez "no entiende nada y aprovechó esto para hacer una campaña política".
LA RESPUESTA
En tanto, De Narváez aseguró esta mañana que "no hay dudas" que en el país "hay cocinas de drogas" que "producen, exportan y comercializan cocaína" dentro de la propia Argentina. "Me parece que el ministro Fernández se equivoca”, concluyó.
El ministro de Justicia y Seguridad de la Nación advirtió que los dichos del diputado nacional bonaerense hacen que se “sobredimensione" la inseguridad. Volvió a contradecir a Stornelli
El ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró hoy que el nivel de hechos delictivos "se mantuvo en los últimos años", y cuestionó a los "sectores" que intentan hacer campañas políticas "con el miedo de la gente", en referencia al diputado Francisco De Narváez
Además, Fernández insistió en que "en la Argentina nunca se producirán drogas", saliendo al cruce de afirmaciones que había hecho días atrás el ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli.
El ministro descartó que se haya registrado un aumento en la cantidad de homicidios, y
precisó que existen "3,9 asesinatos por cada 100 mil habitantes". "No se registró un aumento en el nivel de delitos graves en la Argentina", sostuvo.
Además, ratificó que hay "sectores" que pretenden hacer campañas políticas con "el miedo de la gente" y, al respecto, apuntó contra las advertencias del diputado nacional bonaerense Francisco De Narváez sobre un supuesto aumento de delitos.
"Está logrando que se sobredimensione" el tema, aseguró Fernández, por lo que instó a "hacerse cargo de la actitud irresponsable que tiene con esto". Al respecto, el ministro afirmó que De Narváez "no entiende nada y aprovechó esto para hacer una campaña política".
LA RESPUESTA
En tanto, De Narváez aseguró esta mañana que "no hay dudas" que en el país "hay cocinas de drogas" que "producen, exportan y comercializan cocaína" dentro de la propia Argentina. "Me parece que el ministro Fernández se equivoca”, concluyó.
La Provincia hará inspecciones en los institutos de menores
http://www.notibonaerense.com/notasimp.aspx?idn=157747&ffo=20081217
El ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y la Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria se encuentran trabajando en un relevamiento de los institutos de menores de régimen cerrado ubicados en territorio provincial, luego de que la cartera decidiera, el lunes pasado, la intervención del Almafuerte, el centro de máxima seguridad platense que alberga a dos menores acusados del participar del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea.
Así lo confirmó ayer el titular de la cartera, Daniel Arroyo, quien adelantó además que el ministerio está trabajando en el análisis de las denuncias por maltratos radicadas por los propios que motivaron la decisión de intervenir ese instituto de menores.
En ese marco, el ministro explicó que en el Almafuerte "se ha evaluado una situación eventual de maltrato que hay que trabajar y analizar y ante eso se dispuso una intervención". Y aseguró que ese centro de alojamiento de menores "forma parte de los institutos que tienen muchos chicos" y es "el modelo que debemos dejar de lado".
"Queremos Institutos de 20 ó 24 chicos, que adentro tengan espacio para que completen la escuela y desarrollen instancias deportivas. No es tan sencillo hacerlo", reconoció.
Sin embargo, aclaró que "no hay otros institutos" en la misma situación que el Almafuerte. "Lo que sí hay -agregó- es hacinamiento y exceso de gente, lo cual muchas veces lleva a situaciones complicadas". apuntó.
Ayer, el propio ministro Arroyo, responsable máximo del área, afirmó que en los institutos de menores de la Provincia se evidencian "situaciones de hacinamiento y exceso de gente" y atribuyó esta situación, entre otros factores, a lo que denominó "presión internativa" ejercida por la sociedad.
"Las últimas situaciones de debate sobre el tema de la niñez ha hecho que aumente la presión internativa, es decir que los jueces tengan una mayor presión internativa, y todo esto genera una tensión permanente", explicó.
El ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y la Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria se encuentran trabajando en un relevamiento de los institutos de menores de régimen cerrado ubicados en territorio provincial, luego de que la cartera decidiera, el lunes pasado, la intervención del Almafuerte, el centro de máxima seguridad platense que alberga a dos menores acusados del participar del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea.
Así lo confirmó ayer el titular de la cartera, Daniel Arroyo, quien adelantó además que el ministerio está trabajando en el análisis de las denuncias por maltratos radicadas por los propios que motivaron la decisión de intervenir ese instituto de menores.
En ese marco, el ministro explicó que en el Almafuerte "se ha evaluado una situación eventual de maltrato que hay que trabajar y analizar y ante eso se dispuso una intervención". Y aseguró que ese centro de alojamiento de menores "forma parte de los institutos que tienen muchos chicos" y es "el modelo que debemos dejar de lado".
"Queremos Institutos de 20 ó 24 chicos, que adentro tengan espacio para que completen la escuela y desarrollen instancias deportivas. No es tan sencillo hacerlo", reconoció.
Sin embargo, aclaró que "no hay otros institutos" en la misma situación que el Almafuerte. "Lo que sí hay -agregó- es hacinamiento y exceso de gente, lo cual muchas veces lleva a situaciones complicadas". apuntó.
Ayer, el propio ministro Arroyo, responsable máximo del área, afirmó que en los institutos de menores de la Provincia se evidencian "situaciones de hacinamiento y exceso de gente" y atribuyó esta situación, entre otros factores, a lo que denominó "presión internativa" ejercida por la sociedad.
"Las últimas situaciones de debate sobre el tema de la niñez ha hecho que aumente la presión internativa, es decir que los jueces tengan una mayor presión internativa, y todo esto genera una tensión permanente", explicó.
Fernández: "no ha habido ningún aumento de homicidios dolosos"
http://www.lacapitalnet.com.ar/hoy/ElPais/Noticias/200812175703.html
12:39 | El ministro de Justicia, sostuvo que le produce "asco" cuando "uno escucha tanta mentira, tanto invento, para sacar una ventajita" en relación al tema de la inseguridad.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, aseguró hoy que "no ha habido absolutamente ningún aumento" de homicidios dolosos en el país en los últimos meses y sostuvo que le produce "asco" cuando "uno escucha tanta mentira, tanto invento, para sacar una ventajita" en relación al tema de la inseguridad. "¿Qué quieren? ¿Sembrar el miedo para que la gente piense 'uh, cómo se ocupa esta gente, qué preocupados que están por la situación en la que nos encontramos'? Háganlo, yo no juego con esas cosas. No estoy dispuesto a comerme este tema y a callarme simplemente porque los otros les gusta decir de tal o cual forma", embistió el ministro luego de las declaraciones de su colega bonaerense Carlos Stornelli. El ministro de Seguridad provincial dijo el lunes que "el peligro de ser un territorio de producción de drogas sintéticas ya está inquietantemente entre nosotros, con el aporte de una importación delictiva avezada en esas lides que trae, como las enfermedades que acompañaban a los barcos del siglo XV, las más temibles y aberrantes prácticas delictivas". Esto le valió la enérgica respuesta de Fernández, quien manifestó ayer que "ni la Argentina, ni Chile ni Uruguay van a ser productores jamás, y mucho menos cartelizados". Esta mañana, en relación a la cifra de homicidios dolosos, expresó que "el nivel es el mismo que ha existido en los últimos años, 3,8 ó 3,9 de cada cien mil habitantes por año" y añadió que "no reconozco ningún tipo de aumento en ese punto". "No ha habido absolutamente ningún aumento; aunque sea impactante los hechos que nos tocan vivir, aunque yo no quiero minimizar ni ridiculizarla porque tenemos familias que están destrozadas por lo que ha sucedido", remarcó Fernández en declaraciones al canal C5N. Asimismo, enfatizó que "lo dicen las Naciones Unidas: Argentina es un país de tránsito (de la droga) y va a serlo toda la vida". "Cuando uno escucha tanta mentira, tanto invento, para sacar una ventajita, la verdad que me da un poquito de asco", acotó.
12:39 | El ministro de Justicia, sostuvo que le produce "asco" cuando "uno escucha tanta mentira, tanto invento, para sacar una ventajita" en relación al tema de la inseguridad.
El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, aseguró hoy que "no ha habido absolutamente ningún aumento" de homicidios dolosos en el país en los últimos meses y sostuvo que le produce "asco" cuando "uno escucha tanta mentira, tanto invento, para sacar una ventajita" en relación al tema de la inseguridad. "¿Qué quieren? ¿Sembrar el miedo para que la gente piense 'uh, cómo se ocupa esta gente, qué preocupados que están por la situación en la que nos encontramos'? Háganlo, yo no juego con esas cosas. No estoy dispuesto a comerme este tema y a callarme simplemente porque los otros les gusta decir de tal o cual forma", embistió el ministro luego de las declaraciones de su colega bonaerense Carlos Stornelli. El ministro de Seguridad provincial dijo el lunes que "el peligro de ser un territorio de producción de drogas sintéticas ya está inquietantemente entre nosotros, con el aporte de una importación delictiva avezada en esas lides que trae, como las enfermedades que acompañaban a los barcos del siglo XV, las más temibles y aberrantes prácticas delictivas". Esto le valió la enérgica respuesta de Fernández, quien manifestó ayer que "ni la Argentina, ni Chile ni Uruguay van a ser productores jamás, y mucho menos cartelizados". Esta mañana, en relación a la cifra de homicidios dolosos, expresó que "el nivel es el mismo que ha existido en los últimos años, 3,8 ó 3,9 de cada cien mil habitantes por año" y añadió que "no reconozco ningún tipo de aumento en ese punto". "No ha habido absolutamente ningún aumento; aunque sea impactante los hechos que nos tocan vivir, aunque yo no quiero minimizar ni ridiculizarla porque tenemos familias que están destrozadas por lo que ha sucedido", remarcó Fernández en declaraciones al canal C5N. Asimismo, enfatizó que "lo dicen las Naciones Unidas: Argentina es un país de tránsito (de la droga) y va a serlo toda la vida". "Cuando uno escucha tanta mentira, tanto invento, para sacar una ventajita, la verdad que me da un poquito de asco", acotó.
martes, 16 de diciembre de 2008
Stornelli dio a conocer a intendentes de la costa atlántica el Plan de Seguridad para el verano
http://www.0223.com.ar/detalleNoticia.php?idNoticia=17259
El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, mantuvo este martes en La Plata una reunión con intendentes y representantes de los municipios de la Costa Atlántica en la que se les dio a conocer el Plan Director de Seguridad que se desplegará en la próxima temporada estival en el marco del “Operativo Sol 2008/2009”. Pegó el faltazo el Jefe Comunal de Mar del Plata, Gustavo Pulti, aunque en el encuentro estuvo presente el Secretario de Gobierno, Juan Guiñazú.
Del encuentro tomaron parte el Jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, el Secretario de Turismo bonaerense, Germán Pérez; y los intendentes de Necochea, Daniel Molini; De La Costa, Juan De Jesús; Pinamar, Rafael De Vito; General Alvarado, Patricio Hogan; y Lobería, Hugo Rodríguez; y el mencionado Secretario de Gobierno de General Pueyrredon, Juan Guiñazú.
También participaron los integrantes del Gabinete de Ministerio de Seguridad, el Superintendente General de Policía, Daniel Salcedo; y el resto de la cúpula de la fuerza.
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El Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, mantuvo este martes en La Plata una reunión con intendentes y representantes de los municipios de la Costa Atlántica en la que se les dio a conocer el Plan Director de Seguridad que se desplegará en la próxima temporada estival en el marco del “Operativo Sol 2008/2009”. Pegó el faltazo el Jefe Comunal de Mar del Plata, Gustavo Pulti, aunque en el encuentro estuvo presente el Secretario de Gobierno, Juan Guiñazú.
Del encuentro tomaron parte el Jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, el Secretario de Turismo bonaerense, Germán Pérez; y los intendentes de Necochea, Daniel Molini; De La Costa, Juan De Jesús; Pinamar, Rafael De Vito; General Alvarado, Patricio Hogan; y Lobería, Hugo Rodríguez; y el mencionado Secretario de Gobierno de General Pueyrredon, Juan Guiñazú.
También participaron los integrantes del Gabinete de Ministerio de Seguridad, el Superintendente General de Policía, Daniel Salcedo; y el resto de la cúpula de la fuerza.
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